DOI : https://doi.org/10.29059/rdycsv.v8i2.236
Participación ciudadana y acceso a la información: Dinámicas de las solicitudes de información pública electoral en el estado de Tamaulipas
Citizen participation and access to information: Dynamics of public electoral information requests in the state of Tamaulipas
Luis Francisco Jara-Pacheco
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0001-9193-2804
Correspondencia: luisjara.pacheco@gmail.com
Alma Rosa Saldierna-Salas
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0003-1805-9740
Fecha de recepción: 15 de agosto de 2025
Fecha de aceptación: 9 de junio de 2026
Fecha de publicación: 16 de julio de 2026
Resumen
Este artículo analiza la evolución del ejercicio del derecho de acceso a la información pública electoral en Tamaulipas entre 2015 y 2024, como un indicador de la participación ciudadana en contextos democráticos. A través de un diseño descriptivo, exploratorio y correlacional, se analizan los patrones de solicitudes ciudadanas dirigidas al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con el propósito de comparar el comportamiento de estas solicitudes en años electorales y no electorales. Los hallazgos revelan una dinámica fluctuante en la demanda de información, sin una tendencia sostenida en el tiempo. Aunque los años con elecciones presentan un aumento significativo en las solicitudes, no se identifica una relación lineal entre el paso del tiempo y el ejercicio del derecho. Estos resultados evidencian una apropiación irregular del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, lo que representa un desafío para la institucionalización de una participación democrática activa y sostenida, en línea con los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.
Palabras claves: Participación ciudadana, acceso a la información, transparencia electoral, rendición de cuentas.
Abstract
This article analyzes the evolution of the exercise of the right of access to public electoral information in Tamaulipas between 2015 and 2024, serving as an indicator of citizen participation in democratic contexts. Employing a descriptive, exploratory, and correlational design, the study examines patterns of citizen requests submitted to the Electoral Institute of Tamaulipas (IETAM) to compare request behavior between election years and non-election years. The findings reveal fluctuating dynamics in the demand for information, with no sustained trend over time. Although election years show a significant increase in requests, no linear relationship is identified between the passage of time and the exercise of this right. These results demonstrate an inconsistent adoption of the right of access to information by the citizenry, posing a challenge to the institutionalization of active and sustained democratic participation, in alignment with the principles of Sustainable Development Goal 16.
Keywords: Citizen participation, access to information, electoral transparency, accountability.
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Introducción
La facultad de acceder a la información pública resulta esencial para la gestión democrática, ya que permite que los ciudadanos accedan a los datos necesarios para evaluar, conocer e intervenir informadamente en los asuntos públicos. Durante los procesos electorales, este derecho cobra mayor relevancia pues, al unirse con la transparencia, ayuda a que la competencia sea más justa y genera confianza en las instituciones políticas y en los órganos electorales. Desde el enfoque de la Teoría de la accountability democrática propuesta por O´Donell (1998), el acceso a la información es un mecanismo indispensable para que la ciudadanía evalué y verifique el desempeño de las instituciones públicas, lo que favorece la rendición de cuentas y la vigilancia democrática.
De ahí que, sin acceso a la información, la participación ciudadana se ve restringida y su ejercicio pleno resulta inviable; como consecuencia, la ciudadanía queda vulnerable en su deliberación y decisión al contar con datos insuficientes, lo cual afecta, a su vez, su capacidad para exigir responsabilidades a sus gobernantes.
A partir de esta necesidad, el acceso a la información en materia electoral se configura como un derecho político básico que garantiza los principios de transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas (Castillo, 2006); este abarca desde lo personal, hasta lo social, relacionándose con la participación política individual, con el fortalecimiento del pluralismo, con el control sobre actores y procesos electorales, concibiendo que sin información no es posible el ejercicio de una participación política auténtica; es decir, una participación consciente, responsable y que realmente pueda influir en la vida pública (Castillo, 2006; Llamazares, 1999).
En México, el derecho de acceso a la información ha sido institucionalizado mediante el marco jurídico vigente. En este sentido, el artículo 6 de la Carta Magna (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025a) establece, como garantía vinculante para la Federación y sus entidades, que toda información en posesión de autoridades, órganos autónomos, partidos políticos (Castillo, 2006) o cualquier ente que ejerza recursos públicos es de carácter público (art. 6 constitucional, apartado A, fracción I); este mandato se desarrolla de forma reglamentaria a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025b), la cual señala elementos prácticos de este derecho, como la capacidad de solicitar, investigar, compartir y obtener información generada o adquirida por las entes responsables de la transparencia, garantizando el acceso efectivo a la información en manos de cualquier entidad que reciba recursos públicos o ejerza funciones de mando en los diferentes niveles de gobierno.
En este contexto jurídico, el cumplimiento de dichas normas no solo responde a un mandato nacional, sino que se inscribe en un compromiso universal coherente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 16), al alinearse bajo el amparo del marco de los derechos humanos y con el fomento de la prerrogativa a la información, entendiendo que la materialización de este derecho forma parte de la construcción de paz, mientras que su ausencia práctica suele derivar en escenarios de conflicto (Naciones Unidas, 2015); lo que permite abogar por el fortalecimiento de instituciones transparentes que rindan cuentas, a través de la adopción de decisiones participativas y un acceso público de la información, en consonancia con las metas trazadas 16.6, 16.7 y 16.10 de la Agenda 2030, especialmente en al ámbito subnacional, específicamente en el nivel estatal, donde los avances democráticos y las exigencias de transparencia no se experimentan de manera uniforme, sino que depende de las dinámicas y compromisos de los actores locales (Behrend y Whitehead, 2016 en Torres-Ruiz, 2025; López y Merino, 2010).
Contar con acceso a la información pública en materia electoral puede considerarse un componente fundamental para las democracias contemporáneas; no solo fortalece la transparencia de las instituciones, sino que también incentiva la rendición de cuentas, lo que incrementa la confianza ciudadana en los procesos electorales (González, 2018; Instituto Nacional Electoral [INE], 2018). Que los ciudadanos tengan acceso a la información pública incide en una participación política más informada, así como también ayuda a promover la vigilancia ciudadana sobre las autoridades electorales (Álvarez, 2022).
En ese sentido, el artículo se propone analizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública electoral como un componente importante para el funcionamiento democrático. Para lograrlo, la atención se centra en el comportamiento de las solicitudes ciudadanas dirigidas al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), considerando que las solicitudes fungen como un indicador clave del interés ciudadano por fiscalizar, comprender y participar en los asuntos públicos (IETAM, 2025). La transparencia es fundamental para la rendición de cuentas y cuando los ciudadanos buscan información durante un proceso electoral, esto se convierte en un contrapeso que obliga a transparentar la gestión de los gobiernos para visibilizar su ejercicio gestión y aminorar la percepción de corrupción (Fisman et al., 2025; International IDEA, 2023).
Este documento analiza la evolución de las solicitudes de información pública electoral entre 2015 y 2024, evaluando el grado de apropiación de este derecho por parte de la ciudadanía. El periodo analizado se sitúa en el marco de la implementación de la Reforma Político-Electoral nacional previo a un proceso electoral relevante a nivel subnacional, sobre todo en un estado como Tamaulipas, el cual enfrentaba dificultades en materia de seguridad, así como una percepción de corrupción donde la confianza en las instituciones gubernamentales presentaba niveles muy bajos, situación que, sin duda, se reflejó en los resultados electorales (Barceló y Valadés, 2016).
Para abordar esta problemática, se plantean dos líneas analíticas. La primera consiste en identificar cuáles son las fluctuaciones anuales más significativas en las solicitudes ciudadanas de información pública electoral en el estado de Tamaulipas entre 2015 y 2024, explorando, al mismo tiempo, los factores que podrían explicar los picos y las disminuciones observadas en la demanda. La segunda línea de análisis examina en qué medida el contexto electoral influye en la cantidad de solicitudes de información pública electoral en Tamaulipas, en comparación con los años no electorales, considerando el supuesto de que las distribuciones de la solicitud de información son iguales entre ambos grupos.
La respuesta a estas cuestiones contribuirá no solo identificar las tendencias en el ejercicio de este derecho, sino también evaluar su impacto en un sistema democrático que supone ser más abierto y participativo, en línea con los principios promovidos por el ODS 16.
Marco teórico
Participación ciudadana y rendición de cuentas en la legitimidad democrática
La participación ciudadana puede definirse como la injerencia directa de los ciudadanos en las decisiones del Estado; es decir, como un involucramiento activo de la comunidad en la gestión pública (Serrano, 2015). Para tal propósito se requiere de mecanismos de consolidación que incentiven ese compromiso ciudadano activo en los procesos públicos (Hernández, 2018). De esta forma, el concepto de participación trasciende del mero ejercicio del voto e incluye formas más amplias de incidencia, tales como la participación en foros, la formulación de propuestas y la colaboración con diferentes organizaciones. Para que una participación sea efectiva y sostenida se requiere de mecanismos institucionales que fomenten y consoliden el compromiso ciudadano en los procesos públicos.
Relacionado con este involucramiento se encuentra el control del poder público, en cuyo sentido “la rendición de cuenta es un sistema por el cual se informa algo” (Kurczyn, 2018, p. 119); es un sistema que “trata de impedir la toma irresponsable de decisiones a nivel público” y que, a su vez, “permite elevar la legitimidad de la función pública” Kurczyn, 2018, p. 122), por lo que, su relación con la participación ciudadana se centra en generar procesos de colaboración de control mediante una interacción activa entre gobernantes y gobernados (Hütt, 2019).
A este respecto, puede identificarse una amplia variedad de mecanismos de participación ciudadana para hacer partícipe a la población en la gestión y supervisión de asuntos públicos, tales como los presupuestos participativos y consejos ciudadanos, que contribuyen a dar voz directa a la sociedad en cuanto a la asignación de recursos y en asesoría a autoridades, promoción de rendición de cuentas, planificación participativa y consulta ciudadana, por mencionar algunos (Contreras y Montecinos, 2019, p. 16), esto con la finalidad de alinear políticas públicas con las necesidades sociales.
En ese sentido, la participación ciudadana no debe limitarse a actuar durante un proceso electoral a través del voto; no debe verse como un proceso cíclico, cuando es permanente. Por tanto, es fundamental que los ciudadanos estén atentos a que se cumplan los elementos necesarios para el desarrollo de campañas políticas, a que se fiscalicen los recursos y, sobre todo, a que se denuncien las irregularidades; del mismo modo, exigir rendición de cuentas e involucrarse en este tipo de participación constante es vital para mantener la integridad democrática (Luna, 2012), con un enfoque de proximidad para poder tomar directamente de la ciudadanía sus inquietudes y necesidades (Villoria, 2010).
Para tal propósito se requiere la implementación de una estructura que facilite la apertura y acceso a la información por parte de los ciudadanos para lograr una efectiva fiscalización y rendición de cuentas, un acceso a la información pública como mecanismo de control social y transparencia, esto es un gobierno abierto que bajo esa perspectiva de colaboración fortalezca la gobernanza democrática, en donde la relación entre ciudadanos e instituciones sea más horizontal (Lathrop y Ruma, 2010, p. 108).
La solicitud de acceso a la información está vinculada con el derecho al acceso a la información pública. Esta rendición de cuentas parte de la lógica de si existe un derecho para preguntar, debe de existir una obligación para responder (Puente, 2017). Cuando este proceso se realiza de forma adecuada, la sociedad se fortalece democráticamente y la participación ciudadana es viable y transformadora. El acceder a la información es un requisito indispensable para consolidar la participación ciudadana en un Estado democrático (Serrano, 2015).
Autores como Rentería-Gaeta y Hernández-García (2014, p. 70), analizan el acceso a la información y la participación ciudadana como “una relación de tres dimensiones donde ‘A’ servidor público (autoridad) está obligado a informar a ‘C’ (ciudadano), del ejercicio de los asuntos concernientes a ‘E’ (entidad pública)”. Esta propuesta pone en evidencia el papel de la autoridad, la cual no queda en el vacío, sino más bien entabla una constante interacción entre ciudadanos e instituciones, y en donde el informar no es un mero requisito jurídico, es un elemento esencial para legitimar la democracia.
Por su parte, Manfredi (2010), considera que el acceso a la transparencia informativa es poner a disposición los datos, documentos, expedientes y todos aquellos archivos que detallan el actuar del gobierno y de todos los actores participantes como un sentido democrático. La fiscalización y rendición de cuentas se consideran claves en el marco de las democracias representativas, un instrumento para los ciudadanos (Medranda et al., 2020).
A partir de estos enfoques teóricos (Serrano, 2015; Puente, 2017), se plantean una relación de codependencia e interconexión estrecha donde el acceso a la información actúa como el insumo causal y la condición cognitiva previa que faculta al ciudadano para ejercer una participación y con incidencia real. Sin embargo, estudios en la región evidencian brechas en la implementación del diseño normativo. Como lo comparte Hernández (2018, p. 161) al analizar la realidad local se observa que “aunque en la teoría, la transparencia y el acceso a la información deben ser esenciales para una participación ciudadana informada, en la práctica no se evidencia una articulación entre ambas políticas, sea por desarticulación al interior […], o sea por la falta de iniciativa de las organizaciones sociales”.
Es esta desconexión la que restringe la calidad y oportunidad de la labor informativa, lo que a su vez limita la capacidad fiscalizadora de la población, como señala Dolz (2020, p. 24), “ante la ausencia de información confiable y oportuna, no existe base para exigir respuestas”. Esta situación genera externalidades negativas, como la desafección política y la falta de interés ciudadano, las cuales se intensifican cuando las instituciones son percibidas como ineficientes y la población pierde confianza en su gobierno (Dolz, 2020, p. 22), minando así la legitimidad democrática.
Por lo tanto, la participación ciudadana y la rendición de cuentas no son elementos aislados sino componentes necesarios e interdependientes para la consolidación democrática. Su correcta articulación institucional asegura que el ejercicio del poder sea transparente, responsable e inclusivo, garantizando que los ciudadanos influyan de manera efectiva en las decisiones que impactan su entorno político y social.
Acceso a la información pública como condición de la participación ciudadana
El acceso a la información pública representa un elemento esencial para las democracias, especialmente en el marco de los procesos electorales. Desde la perspectiva de Dahl (1998), se requieren ciudadanos con acceso a la información no solo para entender los asuntos públicos, sino también para evaluar y de esa forma tomar decisiones donde se involucre su participación. Por su parte, Habermas (1989) afirma que el proceso de reflexión democrática exige una esfera pública de libre circulación de información para contribuir en la formación de opinión pública de los ciudadanos. En este sentido, el acceso a información pública en el marco de procesos electorales representa una condición favorable para el funcionamiento democrático.
De acuerdo con Pulido et al. (2019), el acceso a la información pública es un pilar fundamental para preparar a los ciudadanos en el uso significativo de los datos, con la necesidad de “transitar hacia la concepción de los ciudadanos como sujetos éticos y políticos; es decir, como actores conscientes que participan activamente en las decisiones políticas” (p. 295). Así, cuando el contexto –como un proceso electoral– eleva la visibilidad de los asuntos públicos (Budge, 2015), se da lugar a lo que O’Donell y Schmitter (1986) describen como la reestructuración del espacio público, donde la información sirve para transitar del aislamiento autoritario a una participación ciudadana informada y vigilante.
Esta dinámica de participación se materializa a través de la transparencia, la cual funciona como una respuesta de los servidores públicos a la demanda social de gobiernos más abiertos (Robles-López y Zamora-Medina, 2020), que permite fiscalizar la labor gubernamental bajo el principio de vigilancia mutua propuesto por Bentham (1999), para asegurar que la interacción constante entre gobernantes y gobernados resulte en mejores prácticas y en un gobierno más responsable.
Para que dicho control sea efectivo, la transparencia debe regirse por atributos de oportunidad, relevancia y confiabilidad de los datos (Ríos, 2016), transformando la disponibilidad operativa de los datos en un instrumento estratégico que le da estabilidad al sistema y faculta a la población para un ejercicio ciudadano más activo.
La vigilancia del ámbito público es el resultado de una larga evolución histórica que inició con la innovadora Ley de Libertad de Información en Suecia en 1977 (Nordin, 2023) y se consolidó globalmente tras la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos en 1966 (Blanton, 2003), lo cual ha sido respaldado en el ámbito internacional por instrumentos fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966).
En el contexto nacional, el marco normativo del acceso a la información ha experimentado un proceso constante de transformaciones y reformas sustanciales. Aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cámara de Diputados, 2025b) consolidó las bases generales y extendió la apertura a partidos políticos y organismos autónomos, esta estructura jurídica no ha permanecido estática, sino que ha continuado modificándose a nivel subnacional para responder a las dinámicas locales de control social. Al aterrizar este panorama en el estado de Tamaulipas, se observa que la evolución institucional ha transitado de forma progresiva. Como documenta López (2022), durante la última década se promulgaron e implementaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Tamaulipas, ordenamientos que “han continuado modificándose” (p. 59) y que se sumaron a las reformas previas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos originaria de 1984.
De este modo, las constantes modificaciones al marco normativo demuestran que las reglas de la apertura gubernamental no son definitivas, sino un terreno en constante disputa política (López, 2025). Ante el “debilitamiento de los contrapesos institucionales” (López, 2025, p. 59) que suponen estas reformas, abre la puerta a “prácticas de opacidad y discrecionalidad” (p. 45). Ante ello, se vuelve imprescindible que la ciudadanía asuma un rol de vigilancia activa para evitar que el derecho a saber quede subordinado a intereses coyunturales y para asegurar que la transparencia continúe siendo una herramienta real de control democrático, y no un simple simulacro institucional.
Información pública electoral y control ciudadano de los procesos electorales
El acceso a la información pública electoral, entendida como todos aquellos recursos que permiten supervisar a las autoridades electorales tales como datos, documentos, resoluciones y toda aquella información que permita evaluar la legalidad de los procesos electorales, son mecanismos esenciales para el fortalecimiento democrático (Castillo, 2006; González, 2018) , pues no solo promueven la independencia de criterios, sino que hacen realidad el escrutinio de la comunidad política; por lo que, si se ejercita el derecho, se garantiza que la ciudadanía disponga de los datos necesarios para supervisar la transparencia y las etapas del proceso electoral.
Así, la transparencia supera la formalidad para volverse una herramienta de participación real (Peschard, 2009, p. 16), cobrando especial importancia al fiscalizar los recursos de las campañas o auditar los resultados para darles certeza. Un ejemplo de ello es el uso del registro de solicitudes de acceso a la información del IETAM (2025), en el que se documentan tanto la demanda ciudadana de información como la respuesta institucional, permitiendo observar el ejercicio del control ciudadano sobre la autoridad electoral.
Con todo, el riesgo de la opacidad se mantiene latente, lo que vuelve indispensables las garantías jurisdiccionales para contrarrestar las malas prácticas; es decir, aquellas prácticas que ponen en peligro los procesos electorales como, por ejemplo, la compra de votos, el condicionamiento del acceso a servicios públicos y programas sociales, la intimidación durante la jornada electoral o el rebase de los montos legales de campaña, entre otras (INE, 2018); destacando la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al proteger el acceso a la información e intervenir frente al incumplimiento de los partidos (Luna, 2012), a nivel federal, mientras que en el tema estatal se encuentran los tribunales electorales locales y las fiscalías especializadas en delitos electorales. Lo anterior permite advertir que solo mediante marcos legales y mecanismos de control, como la constitución política de cada estado, las leyes electorales locales y los códigos de instituciones y procedimientos electorales de cada entidad federativa, es posible garantizar una rendición de cuentas efectiva por parte de las instituciones.
Pese a lo anterior, nada garantiza que este derecho no quede atrapado en el papel y en la retórica institucional, en lugar de constituirse como un ejercicio real de vigilancia que permita señalar irregularidades en los procesos electorales. De ser así, se vaticina un escenario de distanciamiento ciudadano en el que, ante la ausencia de resultados en su experiencia democrática, la ciudadanía deje de creer en el sistema electoral, comprometiendo la calidad de la vida pública (Luna, 2012).
En gran medida, evitar ese distanciamiento ciudadano depende tanto de los partidos políticos como de los institutos electorales, quienes, como actores centrales del sistema, están obligados a viabilizar la disponibilidad informativa y establecer canales de comunicación abiertos a la ciudadanía (González, 2018; Trujillo, 2016), y es que su apertura y la fiscalización de los actos son lo que realmente permite fortalecer la confianza pública, asegurando que los resultados electorales se acepten en calidad de reflejo fidedigno del mandato popular.
En última instancia, es el acceso a la información y transparencia las que devuelven el sentido al control ciudadano, toda vez que el acceso a la información no solo busca generar votos, sino proveer a la colectividad de los insumos requeridos para validar la integridad de su democracia (Lassen, 2005; Luna, 2012). En este sentido, la transparencia aparece como un recurso que permite vigilar, cuestionar y, a fin de cuentas, incidir en los procesos políticos, garantizando que el control sobre el poder público sea una función activa y no solo una aspiración legal, aunque se estima que la demanda de transparencia no es fija, sino contextual (Landgrave, 2022).
La transparencia electoral como pilar del ODS 16 y la democracia sostenible
Las Naciones Unidas propusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales el ODS 16 busca promover sociedades pacíficas, inclusivas y sostenibles. En concreto, la meta 16.6 enfatiza la necesidad de crear instituciones transparentes y sujetas a rendición de cuentas, con especial énfasis en la transparencia electoral, pilar clave para la consolidación democrática (ONU, 2015, p. 1). Unas elecciones transparentes contribuyen a un Estado de derecho sano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2016).
En este marco, la transparencia electoral tiene un papel relevante en cuanto al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Avalar el acceso a la información pública electoral, faculta a los ciudadanos para participar de forma directa y activa en la toma de decisiones políticas, esto para revisar y examinar el uso de recursos públicos y su administración. La transparencia no solo es un derecho esencial, es una herramienta necesaria para la construcción de confianza en el sistema electoral, una democracia sana y consolidada requiere de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas sobre todo en los procesos electorales combatir percepciones sobre fraude que debilitan la legitimidad de una elección (Diamond y Morlino, 2004).
La transparencia coadyuva a la gestión y organización de un gobierno responsable y legítimo, necesario para una consolidación democrática sostenible. Los ciudadanos al tener acceso a la información puntual sobre los procesos electorales, tiene la posibilidad de analizar y evaluar con conocimiento, tomar decisiones informadas y razonadas, así como la posibilidad de vigilar y fiscalizar todo lo relacionado al proceso electoral, esto se considera un gran aporte en la consolidación del vínculo entre los gobernantes y gobernados.
Los organismos, como los institutos electorales, juegan un rol importante en cuanto a garantizar la equidad en la información pública y fiscalización en tema electoral. De este modo, se contribuye directamente al logro del ODS 16, donde la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia se consolidan como pilares esenciales.
Metodología
Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, exploratorio y correlacional, con el objetivo de analizar las solicitudes ciudadanas de información pública electoral en el estado de Tamaulipas entre 2015 y 2024, a fin de identificar patrones y fluctuaciones en la demanda de acceso a la información.
La delimitación de este periodo obedece a un criterio de homogeneidad institucional y legal bajo la implementación de la reforma político-electoral nacional en el ámbito subnacional y a la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por su parte, el año 2024 marca el cierre de periodo de estudio, abarcando una década completa que permite examinar comparativamente el comportamiento ciudadano a través de distintos ciclos electorales. Como unidad de análisis se utilizó el registro de solicitudes de información pública disponible en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas 2025, con el propósito de dar seguimiento a la demanda ciudadana.
La muestra se integró con la totalidad de solicitudes registradas anualmente entre 2015 y 2024, con el fin de cubrir por completo el universo temporal delimitado, lo cual dio lugar a un análisis longitudinal orientado a observar el comportamiento de la misma variable a lo largo del tiempo e identificar patrones y fluctuaciones.
El proceso metodológico se realizó a través en dos fases. La primera consistió en un análisis descriptivo orientado a capturar la evolución general de las solicitudes de información pública electoral con el paso del tiempo, lo que permitió integrar medidas estadísticas como la media (M), la desviación estándar (DE), así como valores mínimos y máximos, con el fin de determinar las variaciones porcentuales anuales, tomando el año 2015 como punto de partida. Estas medidas permitieron comprender cómo fluctuaban las solicitudes de un periodo a otro.
En la segunda fase del análisis, se compararon estadísticamente los años con contexto electoral ordinario con los años sin dicho contexto, agrupados respectivamente. En los años con elecciones ordinarias se incluyeron los siguientes eventos: 2016 (elecciones de ayuntamientos, diputaciones y gobernatura), 2018 (elección presidencial y de ayuntamientos), 2019 (elección de diputaciones), 2021 (elección de ayuntamientos y diputaciones), 2022 (elección de gobernatura), y 2024 (elección presidencial, de diputaciones locales y ayuntamientos). La integración de estos distintos tipos de procesos en un solo bloque analítico responde a que se comparte un estímulo electoral básico semejante; es decir, se asume que, independientemente de la naturaleza o nivel del cargo elección en disputa, la existencia de una contienda ordinaria genera estímulos electorales compartidos que activan un entorno de presión informativa, operando a través de la priorización y el énfasis selectivo de ciertos temas en la deliberación pública (Budge, 2015), lo cual influye de forma agregada en la atención ciudadana y en la exigencia de transparencia, dado que la demanda de transparencia no es fija, sino contextual (Landgrave, 2022).
En contraste, los años sin elecciones ordinarias fueron 2015, 2017, 2020 y 2023, destacando que en 2023 no hubo elecciones ordinarias, solo una elección extraordinaria. El propósito es analizar las distribuciones de la solicitud de información e identificar las diferencias y cambios en el periodo analizado a partir de esta distinción del contexto.
Para ello, se aplicaron pruebas estadísticas inferenciales, específicamente la prueba t para muestras independientes (paramétrica) y la prueba U de Mann-Whitney (no paramétrica), a fin de garantizar la validez del análisis bajo distintos supuestos de distribución. Asimismo, se calcularon tamaños de efecto (d de Cohen, corrección de Hedges y delta de Glass) con el propósito de estimar la magnitud de las diferencias observadas. La utilización de ambos enfoques estadísticos permitió una interpretación más robusta y confiable, ya que la concordancia o discrepancia entre las pruebas aportó evidencia sobre la consistencia del impacto del contexto electoral en la variable analizada.
Todo el procesamiento y tratamiento estadístico de la información se desarrolló mediante el programa SPSS, lo que permitió gestionar los datos con precisión y realizar los cálculos estadísticos necesarios de forma consistente. Como tal, se aplicaron los criterios estadísticos convencionales para la interpretación de los resultados, con un umbral de significancia de p = 0.05, y se interpretaron también en función del comportamiento observado en los datos y del escenario social característico de Tamaulipas.
El diseño se delimitó al análisis de un caso subnacional correspondiente al estado de Tamaulipas, el cual resulta metodológicamente pertinente para observar el funcionamiento de la transparencia electoral en el modelo contemporáneo de los organismos públicos locales electorales, dentro de un contexto con dinámicas sociopolíticas y de seguridad específicas. Asimismo, el caso de estudio se sustenta en que el IETAM practica la transparencia proactiva, lo que ha permitido que el registro histórico sobre el volumen de las solicitudes ciudadanas de información esté disponible para la investigación científica.
Cabe mencionar que el documento fue sometido a un proceso de revisión asistido por inteligencia artificial para la corrección de estilo, asegurando en todo momento que el uso de esta herramienta se limitara a mejorar la claridad del texto sin afectar la interpretación de los resultados ni la autoría intelectual de la investigación (Hosseini et al., 2023).
Análisis e interpretación de resultados
Análisis descriptivo de la evolución anual de las solicitudes de información pública electoral
La Tabla 1 muestra la evolución anual de las solicitudes ciudadanas de información pública electoral en Tamaulipas entre 2015 y 2024. Se observa una dinámica fluctuante, con años de crecimiento significativo seguidos de caídas pronunciadas. En 2016 marcó un incremento del 125.45 % con respecto al año base (2015), seguido por una caída del 25 % en 2017. Posteriormente, en 2018 y 2021 se registraron nuevos incrementos (38.17 % y 120.41 %, respectivamente), mientras que en 2020 y 2022 se evidencian descensos pronunciados (-61.72 %, coincidiendo con el inicio de pandemia, y -30.56 %).
Por su parte, este panorama se complementó con un resumen estadístico de la variación porcentual. El valor mínimo registrado fue de -61.72 %, correspondiente al año 2020. Además, el valor máximo, de 125.45 %, se registró en 2016.
La media (24.36 %) indicó que, en promedio, existió un crecimiento anual moderado en las solicitudes, aunque la alta desviación estándar (DE = 67.96) reveló una gran variabilidad interanual, lo cual limitó la posibilidad de establecer una tendencia sostenida.
Asimismo, el ascenso registrado en 2024 evidenció una recuperación reciente, aunque aún por debajo de los máximos históricos. Este comportamiento resulta consistente con lo documentado en investigaciones sobre transparencia y participación ciudadana en México, donde en entidades con mecanismos de transparencia electoral, la participación ciudadana en solicitudes de información continúa siendo mínima y con variaciones irregulares a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el Estado de México los porcentajes de solicitudes de información dirigidas al instituto electoral local oscilaron entre 0 % y 6.28 % entre 2005 y 2017 (González, 2018), mostrando incrementos temporales seguidos de descensos posteriores, por lo que, lo observado en Tamaulipas, no parece constituir un caso completamente atípico, sino una dinámica semejante a la registrada en otros contextos institucionales mexicanos.
Comparación inferencial entre años con y sin contexto electoral
Al incorporar los grupos electoral y no electoral al análisis, la evidencia arrojada a partir de las pruebas estadísticas llevadas a cabo, y presentadas en la tabla 2, proporcionan una visión relevante sobre la relación entre el contexto electoral ordinario y las variables analizadas.
Los resultados de la prueba t mostraron una diferencia significativa entre los grupos no electoral y electoral en relación con la solicitud de información (p = 0.007). El grupo no electoral presentó una (M = 129.50) con una (DE = 39.14), mientras que el grupo electoral registró una media considerablemente más alta (M = 223.00) y una (DE = 40.97). Esta diferencia en las medias, junto con el resultado estadístico (p = 0.007), indica que la diferencia observada en la solicitud de información entre ambos grupos es estadísticamente significativa y no aleatoria. En consecuencia, el grupo electoral tiende a solicitar más información que el grupo no electoral.
Además, aunque los valores reportados para los tamaños de efecto (d de Cohen = 40.29, g de Hedges = 44.634, y delta de Glass = 40.968) son notablemente altos en comparación con los rangos típicos, apuntaron a que la magnitud de la diferencia entre los grupos fue muy grande. Estos resultados subrayan que la solicitud de información fue considerablemente mayor en el contexto electoral en comparación con el no electoral, sugiriendo así la influencia de este factor sobre la variable medida.
En paralelo, el análisis mediante la prueba U de Mann-Whitney confirmó que la hipótesis nula, que sostenía que las distribuciones de la solicitud de información eran iguales en ambos grupos, puede ser rechazada, dado que el valor de significancia fue p = 0.019, por debajo del umbral de p = 0.050. Esto indicó una diferencia significativa en la solicitud de información entre los grupos electoral y no electoral.
Por otro lado, los resultados de la prueba t para la variación porcentual entre los grupos no electoral y electoral no mostraron una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.057). El grupo no electoral presentó una media (M = -34.68) y una desviación estándar (DE = 23.72), mientras que el grupo electoral registró una media (M = 53.87) y una desviación estándar (DE = 63.46). Sin embargo, el valor de significancia (p = 0.057) fue superior al umbral de p = 0.050, lo que obliga a mantener la hipótesis nula y no dar por cierta la diferencia observada.
No obstante, el valor negativo en el grupo no electoral indicó una reducción promedio del 34.68 % en la variación porcentual, mientras que, por el contrario, el valor positivo en el grupo electoral reflejó un aumento promedio del 53.87 %. En este sentido, los resultados sugieren que los años electorales estuvieron asociados con un mayor volumen y una mayor fluctuación en las solicitudes de información pública electoral. En cambio, en los años no electorales, estas solicitudes fueron menores y menos variables.
Asimismo, los tamaños de efecto fueron inusualmente altos: el d de Cohen fue de 55.11, el g Hedges fue de 62.05 y el delta de Glass fue de 63.45901. Estos resultados sugieren una magnitud considerable en la diferencia entre los grupos no electoral y electoral, lo que indica que la diferencia es de gran tamaño. Sin embargo, la falta de significancia estadística en ambas pruebas (prueba t, p = 0.057, y U de Mann-Whitney, p = 0.095) impide rechazar la hipótesis nula, que postula que no existe una diferencia en la variación porcentual entre los grupos, y sugiere que, a pesar de la gran magnitud de los efectos, no es posible concluir que el contexto electoral sea la única causa de la diferencia observada, ya que existe la posibilidad de que los resultados sean debidos al azar.
Este análisis sugirió que el contexto electoral tuvo un impacto claro sobre la solicitud de información, ya que tanto la prueba t como la prueba U de Mann-Whitney identificaron diferencias significativas entre los grupos electoral y no electoral. Sin embargo, en el caso de la variación porcentual, la situación fue diferente. Aunque se observaron grandes diferencias en las medias (M = 53.87 en electoral frente a M = -34.68 en no electoral), ninguna de las dos pruebas (prueba t y U de Mann-Whitney) reveló una diferencia estadísticamente significativa, lo que indica que el impacto del contexto electoral sobre esta variable no fue tan claro ni consistente.
Estos resultados deben interpretarse desde el alcance descriptivo, exploratorio y correlacional del estudio, ya que el diseño metodológico no tuvo como propósito establecer relaciones causales ni controlar variables intervinientes. Como tal, la agrupación entre años electorales y no electorales constituyó una estrategia analítica orientada a comparar patrones generales de comportamiento en distintos contextos temporales, partiendo del supuesto teórico de que los procesos electorales generan estímulos informativos compartidos y que la demanda de transparencia es contextual. Por ello, en el caso de la variación porcentual, aunque se observaron diferencias entre grupos, la ausencia de significancia estadística sugiere que el comportamiento de esta variable pudo estar influido también por factores contextuales no incorporados directamente en el análisis, como cambios en la participación ciudadana, variaciones en la confianza institucional, transformaciones en las dinámicas político-electorales o modificaciones en las estrategias institucionales de transparencia y difusión.
Dichos factores no fueron modelados de manera específica debido a que el objetivo central de la investigación consistió en identificar patrones y fluctuaciones generales en las solicitudes de información pública electoral durante el periodo de 2015 a 2024, más que desarrollar un modelo explicativo multivariable orientado a evaluar efectos causales.
Conclusiones
La presente investigación tuvo como propósito analizar la evolución de las solicitudes ciudadanas de información pública electoral ante el IETAM en el periodo de 2015 a 2024, con la finalidad de examinar el comportamiento del ejercicio del derecho al acceso a la información como demostración de participación ciudadana y vigilancia democrática. Los hallazgos permiten evidenciar un comportamiento fluctuante en cuanto al acceso a la solicitud de acceso a información determinado por el contexto y coyunturas políticas locales.
De forma descriptiva se puede identificar un aumento significativo en el número de solicitudes durante los años electorales 2016, 2018 y 2021, versus los años en los que no hubo procesos electorales ordinarios, en donde las solicitudes tendieron a disminuir. Este comportamiento sugiere el aumento de interés por parte de los ciudadanos a acceder a información pública electoral durante los procesos electorales.
El análisis inferencial realizado se fortalece a través de la interpretación de la prueba t y de la prueba U de Mann-Whitney que mostraron diferencias estadísticas en los años electorales y no electorales. La evidencia encontrada permite afirmar la relevancia del contexto electoral en la demanda ciudadana de información, y se confirma que durante los periodos de elección y campañas políticas se incrementan las dinámicas de consulta y vigilancia ciudadana. Lo que concuerda con Luna (2012, pp. 15-18), quién hace énfasis en la relevancia que tiene la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos en el contexto de una competencia política.
Desde un enfoque teórico, esta evidencia coincide con lo planteado con la accountability democrática y participación ciudadana, en donde el acceso a la información favorece el control ciudadano sobre las instituciones electorales (O´Donell y Schmitter, 1986).
El que se tenga un aumento de solicitudes en el marco de los procesos electorales, refleja la necesidad de los ciudadanos de supervisar los recursos y los actores inmersos en la competencia electoral. En esa línea el estudio brinda evidencia para entender la relevancia de la transparencia electoral como herramienta de participación democrática no solo centrada en el voto como lo sugieren Lathrop y Ruma (2010), en el marco de un gobierno abierto.
De la misma manera, los resultados identifican la tensión entre disponibilidad normativa y apropiación social del derecho, si bien México cuenta con un marco jurídico sólido en cuanto a materia de transparencia y acceso a la información, eso no garantiza el uso efectivo por parte de la población, por lo que resulta necesario combatir desafíos relacionados con la confianza institucional y, sobre todo, con la promoción del derecho de acceso a la información pública electoral. En este sentido, el comportamiento observado coincide con lo indicado por Hernández (2018), quien afirma que la falta de integración efectiva entre las instituciones y la limitada consolidación de la participación ciudadana dificultan que el derecho a la información se ejerza de manera sostenida y constante. Al mismo tiempo, este comportamiento responde al problema identificado en el estudio, ya que evidencia a la apropiación del derecho a la información pública electoral como irregular.
Con respecto con el ODS 16, los hallazgos indican un avance, pero con limitaciones importantes. Por un lado, se tiene un incremento de solicitudes en años electorales que ponen en evidencia el interés de los ciudadanos por supervisar e involucrarse en asuntos públicos y, por otro, se encuentra la falta de continuidad en el ejercicio de ese derecho, lo que refleja un reto para la consolidación de las instituciones plenamente transparentes.
Este comportamiento fluctuante invita a reflexionar sobre sus implicaciones a la luz del ODS 16, puesto que los resultados sobre la estacionalidad de la demanda sugieren que el acceso a la información y la transparencia en el ámbito subnacional no operan como procesos lineales e institucionalizados de participación ciudadana permanente, sino como recursos reactivos supeditados a la coyuntura política, de modo que la evidencia presentada aporta un diagnóstico de base sobre los desafíos para la construcción de instituciones eficaces, responsables y transparentes en los contextos locales.
Por otro lado, es necesario señalar las limitaciones del estudio. Entre ellas destaca el uso de datos cuantitativos provenientes de los registros institucionales del IETAM, lo que limita la posibilidad de profundizar en los perfiles y las motivaciones de quienes interpusieron las solicitudes. Asimismo, el hecho de centrarse únicamente en datos de un estado de la República no permite generalizar los resultados a todo el país, por lo que resulta necesario analizar otros factores no controlados. No obstante, el caso de Tamaulipas es relevante, al estar durante mucho tiempo en el centro de problemas de inseguridad y al tener una gran parte de su territorio en frontera con Estados Unidos, lo que genera un ecosistema particular.
Futuras investigaciones podrían enfocarse en aspectos de corte cualitativo para profundizar en los intereses personales de los ciudadanos que hacen uso de sus derechos al solicitar información pública sobre procesos electorales, además, se sugiere analizar otro tipo de variables como la confianza en las instituciones y la participación política.
En conclusión, lo analizado en este trabajo permite inferir que el acceso a la información pública electoral representa un elemento relevante para el funcionamiento democrático, favorece la vigilancia ciudadana, la transparencia, sin embargo, su ejercicio depende del contexto electoral que se vive, con lo cual se evidencia la urgencia de fortalecer la participación ciudadana para que no sea cíclica y sea constante sin importar si hay o no proceso electoral.
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