https://doi.org/10.29059/rdycsv.v6i2.207
Derechos humanos, cultura de paz y educación en ciudadanía global
Triada de una política pública-garante de la convivencia humana en el futuro
Human rights, culture of peace and education in global citizenship
Triad of a public policy-guarantor of human coexistence in the future
Jesús Alfredo Morales-Carrero
*Correspondencia: lectoescrituraula@gmail.com
Fecha de recepción: 21 de marzo del 2024 / Fecha de aceptación: 28 de mayo de 2024 / Fecha de publicación: 28 de junio
de 2024
Universidad de Los Andes, Venezuela
Imagen tomada de: Canva educativo
Resumen. Esta investigación como resultado de una revisión documental con enfoque cualitativo tiene como propósito proponer una política pública integradora de los derechos humanos, la cultura de paz y la educación en ciudadanía global como ejes transversales que orquestados, relacionados y operativizados posibiliten la consolidación de una convivencia humana tanto fraterna como funcional en el futuro; se analizaron autores clásicos y emergentes en torno a las tres categorías de estudio, de quienes se tomaron los referentes teóricos que puestos en diálogo epistémico permitieron abrir el abanico a un mundo de posibilidades para la existencia mundial digna. Los resultados indican que la trascendencia de la vida en sociedad así como la recuperación del tejido social requieren la formación de un ciudadano comprometido con el reconocimiento recíproco así como con el respeto mutuo de las pertenencias que conforman el sistema mundo; desafío complejo que requiere potenciar actitudes democráticas, promover valores universales, una cultura jurídica sustentada en el pacifismo, en el diálogo simétrico y en la solidaridad crítica. En conclusión, trascender hacia un esquema de convivialidad futura funcional requiere promover el proyecto de vivir en paz, en libertad con límites, tolerando las diferencias, compartiendo responsabilidades y dignificando la existencia.
Palabras clave: paz positiva, capacidad empática, libertades individuales.
Abstract. This research, as a result of a documentary review with a qualitative approach, aims to propose an integrative public policy of human rights, the culture of peace and education in global citizenship as transversal axes that, orchestrated, related and operationalized, make possible the consolidation of both fraternal and functional human coexistence in the future; classic and emerging authors were analyzed around the three categories of study, from whom theoretical references were taken that, when placed in epistemic dialogue, allowed opening the range to a world of possibilities for dignified global existence. The results indicate that the transcendence of life in society as well as the recovery of the social fabric require the formation of a citizen committed to reciprocal recognition as well as mutual respect for the belongings that make up the world system; complex challenge that requires strengthening democratic attitudes, promoting universal values, a legal culture based on pacifism, symmetrical dialogue and critical solidarity. In conclusion, transcending towards a scheme of functional future conviviality requires promoting the project of living in peace, in freedom with limits, tolerating differences, sharing responsibilities and dignifying existence.
Keywords: positive peace, empathic capacity, individual freedoms.
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Introducción
La coexistencia humana como ideal de los programas políticos y educativos mundiales, se entiende como el eje articulador de los esfuerzos estratégicos multidireccionales que procuran ampliar tanto las posibilidades de encuentro entre sujetos que ostentan pertenencias diversas como la interacción significativa entre las cosmovisiones e ideologías diferentes que producto de la movilidad global confluyen a lo largo y ancho del planeta (Cortina, 2017; Markus, 2021; Nussbaum, 2010; Sen, 2021). Este dinamismo que permea al mundo refiere a su vez a un proceder humano impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades de existencia dignificante, aspecto que implícitamente insta a sujetos con orígenes múltiples, con referentes culturales e históricos en ocasiones contrapuestos y elementos identitarios disímiles, a entretejer lazos de cooperación y reconciliación a través de los cuales permear de viabilidad a la reivindicación de la vida en comunidad.
Por consiguiente, enfrentar los desafíos de una sociedad global sumida en la conflictividad por razones sociales, culturales e ideológicos supone la reconsideración de los parámetros formativos implementados hasta el momento; pero más aún, la vuelta a la revisión de los valores universales que pudieran ampliar las posibilidades de un encuentro fraterno y acogedor, en el que todos los sujetos conscientes de su pertenencia al género humano precisen la necesidad de dialogar significativa y profundamente en un intento por establecer acuerdos de coexistencia viables, armónicos y pacíficos (Morín, 2015).
En estos términos la tarea del Estado como institución veedora de la instauración de la paz social y garante del ejercicio de la libertades individuales, tiene como responsabilidad impulsar actuaciones educativas que traducidas en políticas públicas garanticen la operativización de los principios rectores de una convivialidad capaz de responder a los retos globales que imponen la omnipresente xenofobia, la discriminación generalizada, las desigualdades y las intolerancias en sus múltiples manifestaciones (Centro de Documentación del Indesol, s.f). Frente a este panorama, la educación en ciudadanía global como proceso social transformador reitera el compromiso de los sistemas educativos con la concientización sobre los derechos fundamentales que le asisten a todo ser humano, entendiendo que estos entrañan no solo la protección de la integridad moral sino el fortalecimiento de las bases de una sociedad plural y democrática.
En tal sentido, promover una coexistencia entretejida por el diálogo fecundo entre sujetos con pertenencias diversas constituye el vehículo a través del cual es posible reiterar la necesidad de motivar la participación cívica, como el elemento catalizador de cambios trascendentales asociados con la concreción de la inclusión social efectiva, paradigma que en su esencia enfatiza reiterativamente en la creación de condiciones que potencien el buen vivir y la calidad de vida, así como la recuperación del tejido social como cometido mundial que involucra la aceptación del otro a través de la reducción del individualismo (Camps, 1999; Morales, 2024; Nussbaum y Sen, 2004).
Operar en dirección a la construcción de una sociedad sensible a las pertenencias que permean el mundo, inicia con la formación de un ciudadano crítico e informado, cuya capacidad para comprender en profundidad los elementos semejantes entre grupos socioculturales conmine las voluntades de todos hacia los ideales de la cohesión social efectiva; como el principio rector que pretende impulsar en la humanidad la capacidad empática que revitalice los lazos de unidad a través de la superación de las diferencias, las cuales al ser manejadas en el plano de la interacción profunda dan lugar tanto al encuentro empático como al reconocimiento con sujetos excluidos históricamente.
Visto lo anterior el transitar actitudinal por el camino de la paz positiva como un derecho humano se erige como el modo de garantizar el respeto por las pertenencias diversas, a las cuales valorar desde una posición tanto sensible como crítica que garantice el relacionamiento y la adhesión social mediada por principios como la libertad, la justicia social inclusiva, la asociación armónica y la superación de la conflictividad mediante el diálogo simétrico que conduzca a la humanidad hacia la compresión profunda así como a la erradicación de los prejuicios que vulneran los cimientos de una moral inclusiva que procura la unidad en la diversidad; logrando de este modo la asociación e integración que procura a través del reconocimiento recíproco, de la mediación solidaria y la generosidad activa desplegar esfuerzos vinculados con la preservación de la diversidad, los pluralismos y las cosmovisiones en sus múltiples manifestaciones.
En tiempos complejos como los que atraviesa la humanidad como resultado de la movilidad mundial, educar para el ejercicio de la ciudadanía global implica establecer parámetros generales de coexistencia en los que todos los sujetos alcancen a entretejer relaciones no solo funcionales, sino a desplegar actitudes planetarias que amplíen las posibilidades de inclusión; reiterando de este modo el compromiso mundial con la promoción del sentido de comunidad de los que depende la convivencia democrática y la vida libre de exclusión, ideales que por sus implicaciones refuerzan la convicción sobre la interdependencia de la cual emerge la necesidad del trato dignificante y recíproco que requiere la humanidad para otorgarle viabilidad a las relaciones sociales.
Materiales y método
Esta investigación como resultado de una revisión documental con enfoque cualitativo propone a través de la integración de referentes epistémicos, axiológicos, teóricos y conceptuales en función de los cuales construir una política pública cuyos vértices tangenciales son la promoción de los derechos humanos, la cultura de paz y la educación en ciudadanía global como dimensiones que orquestados operativamente potencian la consolidación de la una convivencia humana tanto fraterna como funcional en el futuro.
Con esto se procuró establecer un acercamiento a los cometidos jurídicos de los derechos humanos en conjugación con los propósitos de la cultura de paz y la educación para la ciudadanía global. Del mismo modo, se pretendió precisar ¿Qué componentes debe transversalizar una política pública para lograr la convivencia humana en el futuro? precisando específicamente sobre los siguientes elementos: coexistencia democrática, reconocimiento de la diversidad y los pluralismos, vocación planetaria, praxis del pacifismo, gestión de los conflictos y la construcción activa de la paz positiva.
Este diálogo epistémico permitió precisar los desafíos presentes y futuros a los que se enfrenta la humanidad, así como la necesidad de reconsiderar una vida sustentada en la praxis de valores universales estimados por los organismos supranacionales para enfrentar los factores socio-históricos, culturales e ideológicos que amenazan con distanciar el encuentro fraterno, amistoso, amigable y solidariamente empático que erradique las amenazas multifactoriales que pretenden desdibujar las posibilidades de coexistencia humana libre de prejuicios e independientemente de las pertenencias, los pluralismos y las diversidades que permean la vida tanto individual como grupal.
Con respecto a los criterios que sustentaron la revisión documental se precisan la consulta de fuentes primarias de los autores fundamentales sobre derechos humanos, cultura de paz y la educación en ciudadanía global (textos originales) y la valoración de fuentes complementarias (revistas científicas y especializadas); con respecto a su contenido se estimaron: aportaciones teóricas y sus elementos prácticos a la situación de estudio, sus referentes directos o focalizados en procesos de inclusión y las propuestas indirectas aplicadas a otros contextos. Con relación al criterio axiológico se procuró priorizar los valores a los que enfáticamente los autores dedican especial atención por considerarlos medios alternativos para construir espacios vivibles. El criterio de complementariedad se usó para precisar conexiones prácticas y conceptuales entre las tres dimensiones de estudio, precisando de este modo posibles alternativas para lograr los ideales de la justicia social.
Análisis y discusión
Convivir en un mundo permeado por la diversidad de identidades, pluralismos y cosmovisiones constituye un desafío tanto para los sistemas educativos como para los Estados a nivel mundial, frente al cual es posible proceder desde la dimensión formativa a través de la promoción de una vida sostenida en los valores democráticos, en los derechos humanos y en el ejercicio pleno de las libertades individuales (Bobbio, 2023). Este énfasis en una coexistencia funcional involucra implícitamente la praxis un nuevo relacionamiento global (Díaz, 2020), que procura devolver el trato fraterno y amigable como valores desde los cuales es posible el encuentro armónico entre pertenencias.
Esto como parte de un nuevo esquema de convivialidad universal constituye una invitación a la construcción de nuevos lazos de relacionamiento, en el que la actuación cívica y democrática se erija como una virtud tanto individual como colectiva, que haga posible el resguardo común de la autonomía así como el refuerzo de la convicción sobre el sentido de comunidad global, que exige entre otras actitudes repensar la existencia propia y la del otro desde una visión crítica que le provea al futuro de la humanidad mayores posibilidades de entendimiento profundo sobre los aspectos que tensionan, contraponen y generan controversias que requieren ser trabajadas racionalmente.
Lograr la consolidación de una sociedad enmarcada en la praxis de estos valores universales sugiere conminar esfuerzos asociados con el reconocimiento de la condición humana, cualidad de la que depende la dignificación de la existencia fundada tanto en la valoración crítica que incluye al otro como la actuación desde el sentido de apertura que amalgama la existencia pacífica (Morales, 2024; Morín, 2015; Nussbaum, 2010). De allí, que como parte de los resultados de esta revisión documental se expliciten tres grandes dimensiones sobre las cuales cimentar una visión esperanzadora para la convivencia humana en el futuro, a decir:
Derechos humanos y la convivencia pacífica
Emprender actuaciones que garanticen la convivialidad funcional supone, además de un desafío complejo asociado con la unificación de voluntades la participación sinérgica activa tanto del aparato institucional como de la sociedad. Esto como parte de los cometidos de los derechos humanos supone para el Estado un complejo desafío que le insta a promover acciones enfocadas en reducir las asimetrías mediante el establecimiento de reglas que reiteren el compromiso con el bien común, con la cooperación y el despliegue de la voluntad revitalizadora del civismo que aunado a ampliar las posibilidades de entendimiento mutuo también coadyuve con la materialización del denominado patrimonio común de la humanidad, su dignificación (Ferrajoli, 2016; Loys, 2019).
Visto lo anterior, educar en ciudadanía global como propósito ampliamente reconocido en los programas educativos y en las agendas mundiales constituye una invitación a la promoción de la convivencia democrática como política de Estado al que solo es posible acceder mediante la reducción de la desigualdad que excluye y, en su lugar, fortalecer convicciones asociadas con la moral inclusiva entre las que se precisa la potenciación de la disposición actitudinal (Sen, 2021), que asegure el ejercicio pleno de la acción pública de todos y crear las condiciones necesarias que posibiliten la participación en igualdad de oportunidades.
En correspondencia Sen (2010), indica que la educación para la ciudadanía global en su vinculación con los derechos humanos, procura establecer una relación sinérgica en pro de apuntalar el reconocimiento del otro por el simple hecho de pertenecer al género humano, condición que le hace merecedor del trato respetuoso y digno, en el que las discriminaciones, la intolerancia y la exclusiones dejan de asumirse como excusas socio-históricas para ejercer acciones destructivas contra el otro, contra su integridad. De allí, que se entienda la relación entre educación para la ciudadanía global y los derechos humanos como el modo de redimensionar la aceptación y el acogimiento de quien, pese a la diversidad de sus pertenencias y en virtud de su humanidad, goza de las libertades individuales que refuerzan y protegen su desenvolvimiento personal pleno.
En tal sentido, la convivialidad sustentada en la paz positiva como valor universal que insta tanto al saber vivir como al aprender a vivir sin transgredir la posición del otro, sin vulnerar su integridad moral y sí, en cambio, desde el compromiso con la existencia digna a lo largo de la vida; esto como una invitación a la transformación de la vida cotidiana requiere la formación de conciencias críticas que redimensionen la capacidad para practicar la convivencia saludable así como la ciudadanía comprometida. En palabras de Savater (2006), alcanzar este proceder coherente con los ideales reiterados en los derechos humanos requiere del cultivo de virtudes públicas y personales que reivindiquen la autonomía y la vocación democrática para actuar dentro de la vida colectiva.
Atender estos requerimientos exige fomentar una cultura de jurídica que reitere la vigencia de los derechos humanos que asistente a todo sujeto en tanto su pertenencia al género humano, pero además, promover una sensibilización que potencie el sentido crítico en torno a los aspectos regulados, a los instrumentos e instituciones a los cuales acudir para garantizar el resguardo de la integridad en sentido amplio. Este ejercicio educativo tiene su indiscutible conexión con la edificación de los cimientos de una sociedad democrática funcional, pues de la solidez y eficacia de su aparato institucional se deriva el logro de un ambiente de paz, en el que no halle cabida la injusticia, los abusos de poder ni las arbitrariedades.
En otras palabras, consolidar un mundo adherido al respeto por los derechos humanos requiere de acciones educativas enfocadas en aportar no solo conocimientos conceptuales, sino experiencias contextualizadas que reiteren el compromiso con el proceder actitudinal en el marco de los derechos y deberes que rigen la vida en sociedad; elementos a los cuales comprender en su estrecha relación con transmisión de una existencia sensiblemente crítica que le otorga sentido a los cometidos de la cultura de paz, entendiendo que ésta en sentido estricto, tiene su asidero en el cumplimiento de los ideales de la justicia.
Lo planteado como parte de los componentes de la educación para la ciudadanía global, insta a la activación de los mecanismos jurídicos en función de garantizar que el ser humano logre perfeccionar su cohabitación digna como fundamento de la construcción tanto de la comunidad global como de las condiciones oportunas para el desempeño de las libertades individuales y colectivas. Esto, como parte de los derechos humanos en su dimensión política, refiere al compromiso y obligatoriedad del Estado en torno al reforzamiento de los procesos inclusivos de reconocimiento de las preferencias, intereses y cosmovisiones humanas en sus múltiples manifestaciones.
En atención a esgrimido, es precisa la referencia enfática al reconocimiento paritario en lo que respecta a la igualdad de género, como valores universales que demandan tanto el disfrute como el goce de las garantías asociadas con la protección a la integridad moral, así como la exigencia individual de las libertades fundamentales como sistema de vida, en el que sin distinción de raza, pertenencia, condición social y cultural se logre la consolidación de la inclusión efectiva como parte de los elementos en torno a los cuales gira la corresponsabilidad de la ciudadanía en lo que respecta la cohabitación respetuosa.
Seguidamente Rodríguez (2019), enlista algunos aspectos en los que la educación para la ciudadanía global encuentra estrecha relación con los derechos humanos, pues operativiza su razón de ser así como impulso de la contundencia de acciones estratégicas y vinculantes, a decir: la responsabilidad personal con los derechos que le asisten al otro y que garantizan su actuación plena y digna, la superación de la marginación, la discriminación, la exclusión y la injusticia social mediante el despliegue de la tolerancia que unida a la solidaridad permitan catalizar la realización personal en sus diversas dimensiones. El trato igualitario que dignifique, sustancie la fraternidad y la acogida real de la diversidad humana, asumiéndola como eje vertebrador de la convivencia pacífica, armónica y en libertad.
El ejercicio pleno de la educación para la ciudadanía global como proceso en construcción permanente dadas las condiciones dinámicas por las que atraviesa la sociedad en general, precisa en la enseñanza de los derechos humanos uno de los fundamentos principales por constituir un modo de reivindicar y dignificar la existencia humana independientemente de las pertenencias, las diversidades y los pluralismos. De allí, que a este proceso se le adjudique el potencial de operativizar la aplicación de los derechos fundamentales a lo largo del ciclo vital, en un intento por lograr la inclusión efectiva y la superación de las implicancias socio-históricas de las desigualdades, las discriminaciones y las exclusiones en sus diversas manifestaciones (Morales, 2024).
En tal sentido, reconocer los derechos no solo políticos sino los sociales y culturales representa un modo de fortalecer la identidad colectiva global en la que todos sin limitaciones alcancen el disfrute de las libertades individuales que, aunado a potenciar la autonomía permean de funcionalidad sostenible a los vínculos entre sujetos con origen diverso; esto refiere puntualmente a actuaciones institucionales enfocadas en impulsar la consolidación del proyecto común de la humanidad: el establecimiento de conexiones humanas cívicas cuyo cimiento sea la praxis de los derechos humanos, la defensa de la autodeterminación y la preservación de los elementos que nos particularizan como seres humanos diversos.
Desde la perspectiva Sen (2021), educar para un mundo posible le confiere a la promoción de los derechos humanos la posibilidad de construir una vida digna, conforme a los principios de la justicia social inclusiva en la que respetarnos mutuamente; logrando de este modo alcanzar la consolidación de contextos propicios y saludables en los que las condiciones de vida aporten a la superación de la desconfianza y motiven las oportunidades de pactar asumiendo como propósito universal la búsqueda del bien común.
Cultura de paz. Eje de la convivialidad humana funcional
Esto refiere a la construcción de un mundo posible, en el que la trascendencia humana alcance su consolidación a través de procesos de reconciliación inteligente; la cual por estar fundamentada en la búsqueda de la denominada felicidad plena coadyuven con la ampliación de las posibilidades del vivir en comodidad bajo el cobijo de la seguridad, del respeto por las identidades y las pertenencias; conduciendo las actitudes humanas hacia la concreción de una convivialidad en la que todos conscientes y comprometidos con la gestión de las particularidades den paso a una vida virtuosa, cuya disposición sea hacia el vivir en condiciones democráticas hasta alcanzar que el bien común, la justicia inclusiva y la actuación en razón de las libertades individuales se impongan como parte del modus vivendi.
Lo referido como parte de las responsabilidades del Estado en su quehacer educativo y social, se entiende como un modo de superar las contradicciones que han distanciado a la humanidad permitiendo de este modo la trascendencia hacia un futuro común, en el que el espíritu democrático y la identidad colectiva como pilares de una nueva existencia enfocada en la realización plena del otro; esto precisa del aparato institucional la superposición de una vida fundada en el respeto a los derechos que asisten a todo individuo en tanto ser humano, a quien garantizarle el trato dignificante de su existencia mediante la praxis de criterios de convivialidad que conduzcan al respeto sostenible, a la igualdad que procura la integración y el reconocimiento de las diferencias.
En razón de lograr estos cometidos, educar en ciudadanía global emerge como una alternativa para revitalizar, construir y entrelazar vínculos humanos sobre la precisión de referentes comunes dentro de las pertenencias particulares, los pluralismos y las diversidades que permean el mundo, con la finalidad de mitigar las tensiones y alcanzar el entendimiento mutuo que eleve las posibilidades de convivencia social tanto consciente como activamente. Esta organización de una vida en común refiere a la reivindicación tanto de la autonomía como de las libertades individuales en las que cada individuo ejerciendo sus derechos universales acceda a condiciones de vida dignificantes e inclusivas (Delors, 2000), que coadyuven en el desempeño coherente y funcional de su supra-complejidad.
Esto refiere a la edificación de un clima de paz en el que el diálogo simétrico coadyuve en la comprensión profunda de la vida del otro, en quien precisar posibilidades para trascender a una visión compartida en la que sea posible la convivialidad fundada en derechos y deberes, en obligaciones y responsabilidades que aunado a reiterar la adherencia a la construcción de la dignidad humana que amerita la sociedad en general, también abra el camino para un esquema familiar en el que todos comprendiendo la necesidad de vivir libres de prejuicios, alcancen a fortalecer intercambios cuyo fin sea aprender a estar en el mundo como requerimiento para edificar un mundo mejor.
Según propone Cortina y Martínez (2001), la vuelta a una formación cosmopolita supone una posibilidad para impulsar el compromiso con la tolerancia hacia el pluralismo y la diversidad de cosmovisiones, a las cuales reconocer en sentido operativo, es decir, desde la manifestación real que permita avances en la práctica de costumbres y tradiciones propias sin limitación alguna. Esto refiere a la educación para el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho humano que procura, en condiciones de respeto, exteriorizar pensamientos y creencias cuyo asidero en la cultura y en la historia de cada agrupación y de cada individuo representen parte de lo considerado como patrimonio propio, condición que conmina al reconocimiento.
Este énfasis en la búsqueda del desempeño humano en condiciones de libertad, supone la trascendencia hacia un nuevo esquema de coexistencia libre de dominación y fundamentado en la consolidación del bien común, requerimiento que superpone los ideales de la igualdad por encima de cualquier condicionamiento social o ideológico; en un intento por reducir los efectos de la desigualdad y sí, en cambio, posibilitar la trascendencia hacia un relacionamiento democrático inclusivo que enriquezca las oportunidades para actuar, decidir y participar de los asuntos propios de la vida pública.
Desde esta perspectiva, la educación para la ciudadanía global reconsidera el cultivo de virtudes humanas cívicas como un aspecto estratégico a partir del cual redimensionar la sensibilidad individual y colectiva en torno a la divergencia, a la diversidad y a los pluralismos que permean el mundo, pero además, como un modo de coexistir con la multiplicidad de cambios y mutaciones que van sufriendo las culturas y pertenencias (Nussbaum y Sen, 2004), a las cuales acoger desde el tratamiento recíproco que no solo minimice las intolerancias y las desigualdades sino que aporte al cuidado mutuo, a la defensa de las singularidades y a la ampliación de las compatibilidades que unen, cohesionan y refuerzan la funcionalidad social tornándola dignificante para todos.
En razón de lo expuesto, la educación para la ciudadanía global surge como un proceso enfocado en ampliar los modos de pensar, de actuar y de superar los desafíos de coexistencia a los que se enfrenta el mundo entero. Sus cometidos involucran la construcción de una sociedad justa a partir de la enseñanza de una nueva ética de la solidaridad, la aceptación y el reconocimiento activo, en el que los vínculos humanos se entretejan a partir de la comprensión del otro, de los procesos psicosociales y políticos vivenciados en su lugar de origen y, del mismo modo lograr ser comprendidos por quienes comparten el mismo espacio (Cortina, 2013; Olmedo, 2018).
Lo dicho refiere a la educación para ciudadanía global como el accionar dinámico que procura dinamizar esfuerzos provenientes de todos los involucrados en el mundo social, conduciendo su proceder hacia la adopción del compromiso y la corresponsabilidad con el buen vivir, con el accionar ético y moral, así como con la solidaridad y el ejercicio de la fraternidad que apuntale las oportunidades vinculadas con el saber vivir; para lo cual, se considera imprescindible conducir al sujeto a la profundización en analítica en los aspectos morales, en la crisis ética y en los factores que han conducido a la reducción de la sensibilidad humana, constantes propias de cualquier realidad mundial sobre la cual entretejer lazos que conduzcan a la cohesión efectiva y plena (Morales, 2023).
En consecuencia, este enfoque de la educación aunado a reducir los efectos de la conflictividad humana propone cohesionar responsabilidades, esfuerzos y actuaciones conscientes que concretadas en acuerdos comunes, conduzcan el destino de la sociedad en general hacia la praxis de la libertad individual, a la que se entiende como una expresión de la capacidad actuar responsablemente de la que debe gozar todo sujeto con independencia de su procedencia sociocultural. Por consiguiente, el alcance de la convivencia se estima a partir del respeto por el proceder autónomo e independiente, en el que el reconocimiento de los límites de actuación en las diversas esferas de la vida social se asuma como referente para evitar la transgresión de la dignidad humana.
La posición de Morín (2011), propone que la educación para la ciudadanía global procura reducir los antagonismos mediante el redimensionamiento de la racionalidad y de la capacidad de la mente para estimar el carácter complejo de las culturas, de los pluralismos y diversidades en un intento por motivar la disposición para lograr la comprensión del otro y de su proceder sin discriminación alguna. Para el autor estos cometidos solo alcanzan su concreción mediante la interiorización del sentido de misión tanto ética como cívica para estrechar puentes de interacción saludables y funcionales que cohesionen la coexistencia en función de: el reconocimiento de las singularidades, la supresión de la incomprensión mutua y la sustitución de la discriminación por la valoración recíproca (Cortina, 2017).
Este diálogo significativo como eslabón de una existencia funcional en cualquier contexto de la sociedad global, constituye un instrumento de la cultura de paz que procura entre otros aspectos la transformación de cualquier contexto haciéndolo más amigable, benigno y confiable para todos; pero además más armónico y trascendente posibilitando a través de la orquesta de este conjunto de elementos la consolidación de relaciones humanas inspiradas en el reconocimiento del derecho a una vida plena, en la que el ejercicio de la corresponsabilidad se posicione como el eje común en razón del cual fomentar la participación desde el compromiso personal necesario para gestionar sinérgicamente los conflictos de manera protagónica.
En estos términos es posible estimar la promoción de la negociación y el acuerdo no solo como competencias sociales sino como procesos a través de los cuales instar a quien se forma adoptar posiciones flexibles, ecuánimes y asistidas por la valoración crítica, como aspectos que adheridos al repertorio actitudinal potencien la disposición para manejar las diferencias y la disensión desde la escucha activa pero también, desde la apertura para establecer puntos de coincidencia que dinamicen la vida en sociedad. Esto supone adoptar como mecanismos de respuesta ante las controversias y conflictos la apertura para formular alternativas, estimar las oportunidades que mayores beneficios aporten a todos y respetar los acuerdos haciendo uso del sentido de la corresponsabilidad.
De este modo, la construcción de una sociedad democrática plantea ampliar las posibilidades de participación ciudadana, con la finalidad de involucrar al individuo en el compromiso de tomar decisiones, escoger alterativas a través de la mediación y el acuerdo, fortalecer la praxis de la libertad de expresión como un derecho universal que entraña la tarea de garantizar la escucha activa del otro en lo que respecta a sus requerimientos, así como a gozar del sentido de reciprocidad que dé lugar a las posibilidades para concretar acuerdos que respondan a los criterios del bien común y del beneficio mutuo.
Convivir en democracia supone maximizar los procesos vitales que giran en torno a la actuación social de todos en igualdad de condiciones, garantizando para ello la participación en los asuntos públicos como un componente de la corresponsabilidad personal que insta, entre otros aspectos a asumir no solo la gestión de soluciones a los problema colectivos sino a la adopción de posiciones de liderazgo que garanticen el involucramiento activo de cada sujeto en los procesos decisorios, en la escogencia de alternativas a partir del acuerdo y a la construcciones de soluciones conjuntas que integren los intereses de la totalidad de los ciudadanos.
Frente a este cúmulo de elementos destructores de la convivialidad humana, la labora del Estado y del sistema educativo debe girar en torno a la construcción de acciones de intervención preventiva que adheridas a políticas públicas de amplio alcance, posibiliten la transmisión de las máximas de la moral inclusiva así como los criterios de inclusión y respeto en función de los cuales lograr el ejercicio de una ciudadanía ética, responsable de transmitir a las siguientes generaciones el compromiso de orientar sus actitudes hacia el bien común, la búsqueda de la paz como recurso al servicio del desempeño libre y la sustitución de la violencia por actuaciones solidarias.
Lo referido sugiere la inserción dentro de la promoción de la denominada ciudadanía activa, la operativización del pensamiento crítico y de la capacidad reflexiva como medios desde los cuales consolidar la precisión de alternativas diversas frente a los problemas cotidianos así como a las situaciones complejas, a las que solo se pueden abordar desde la flexibilidad para estimar en toda su magnitud el origen y las consecuencias de las controversias que sumen o han sumido a la sociedad en un clima de caos e incertidumbre. Esto supone aprender a lidiar con el pensamiento divergente desde el que es posible precisar creativamente soluciones viables, caminos por los cuales transitar en la búsqueda del bien común.
Del mismo modo, toman especial importancia el sentido de apertura y la flexibilidad para comprender las cosmovisiones diversas y plurales que permean cada realidad, procesos que por sus implicaciones redimensionan la operatividad del altruismo, la solidaridad y el respeto por el otro independientemente de su forma particular de entender el mundo; esto refiere a la educación en ciudadanía global como la conjugación sinérgica de valores que además de fortalecer el diálogo entre culturas y el encuentro entre individuos con pertenencias múltiples, también den lugar al alcance de la instauración de la paz social fundada en la democracia y el respeto a los derechos que le asisten al otro.
Seguidamente el autor propone que las condiciones actuales permeadas por la omnipresencia del individualismo requiere de esfuerzos institucionales sinérgicos (escuela-Estado), en torno a la configuración de un esquema de valores universales que reiteren como imperativo categórico la consolidación de un entorno social amigable, saludable y sostenible que reitere la necesidad de adoptar el sentido de comunidad, como el escenario en el cual es posible el desempeño dentro de los cánones del respeto, la solidaridad y la paz positiva; como principios que integrados operativamente en una política pública diversifiquen las posibilidades de una convivencia futura comprometida con el ejercicio de las libertades individuales.
Se trata entonces de generar un movimiento revitalizador de los más altos valores éticos y morales que puestos a la base de iniciativas institucionales permitan el desarrollo humano dentro los parámetros holísticos, integrales y de la complejidad que invitan a una configuración de un esquema de convivialidad que procure el progreso de la humanidad en todas sus dimensiones.
Desde esta perspectiva, los procesos inclusivos y la aceptación tolerante de quien ostenta una pertenencia diversa y plural, debe partir del reconocimiento de los múltiples requerimientos humanos, como elemento tangencial a partir del cual adherir al ciudadano al compromiso con la praxis de la benevolencia, de la reivindicación de los derechos individuales entre los que se destacan: el respeto por la dignidad intrínseca, el trato igualitario, paritario y equitativo que hacen del otro un sujeto perteneciente a la denominada familia humana (Rey, 2021).
Lo referido plantea el ejercicio de esfuerzos sinérgicos institucionales y de la ciudadanía en torno a garantizar no solo la protección de la integridad humana, de su dignificación y derecho a coexistir, sino además, el trabajo inclusivo que garantice la realización plena en una sociedad democrática, en la cual el sujeto logre precisar oportunidades para crecer y desempeñarse libremente; esto implica el fortalecimiento de los lazos institucionales dirigidos a la creación de programas de inclusión socio-laboral, de orientación ocupacional y de asesoramiento en lo relacionado al manejo eficiente de recursos que aporten al bienestar y la calidad de vida.
En tal sentido, la praxis de los denominados valores universales puede concebirse como la forma de revitalizar los ideales de una vida funcionalmente coherente, pero además, como los fundamentos que sustancian la construcción de ciudadanía global, aspiración mundial que entraña como cometido lograr la trascendencia social y cultural, la cohabitación de las particularidades y la inserción del diverso, de quienes gozan de pertenencias plurales en cualquier contexto. Estos valores universales, entre los que se precisa el bien común y la justicia suponen directrices vertebradoras de vínculos humanos no solo empáticos sino altruistas, que aunado a estrechar posibilidades de encuentro también minimizan el riesgo existencial, la manifestación de hostilidades y la emergencia de actitudes extremas que distancian y excluyen sometiendo a los no nacionales a vejaciones destructivas de la dignidad humana (Camps y Giner, 2014; Bloom, 2018; Morín, 1999; Olmedo, 2018).
En consecuencia, este movimiento alentador de la igualad, la justicia y la equidad constituye un reclamo generalizado que procura reivindicar las posibilidades de inclusión en las que se estimen las visiones diferentes y las voces de quienes las ostentan, permitiéndoles no solo alcanzar la escucha atenta de sus exigencias sino la consideración oportuna que redima a los vulnerables e invisibilizados hasta insertarlos en condiciones paritarias dentro del sistema social; este cometido generalizado de las agendas políticas mundiales reiteran la necesidad de superar la negación destructiva de las minorías como requerimiento potenciador de la paz verdadera que invita a la creación de un clima enriquecedor de la vida en comunidad global.
Por consiguiente, la vida en comunidad global requiere la promoción de virtudes públicas que orienten el curso de la existencia hacia fines comunes, civilizados y equitativos como principios en función de los cuales edificar relaciones pacíficas que atiendan la complejidad de un mundo sumido en el caos y la incertidumbre. Emprender acciones institucionales en dirección a integrar la convivialidad sustentada en la justicia social inclusiva, la paz positiva y la cooperación, exige el énfasis en la cohesión fundada en intereses comunes que aunado a permitir el establecimiento de prioridades colectivas también reiteren la potenciación de “cualidades básicas del sujeto democrático: la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia” (Camps, 1990, p. 13).
Visto lo anterior, una política pública integradora de las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía plena, debe considerar la necesidad de confrontar los factores de riesgo que motivan el trato violento, vejatorio y arbitrario, en un intento por trascender hacia una nueva socialización global que persuada a la humanidad enterar a conducir su proceder en razón de los parámetros del pacifismo, en los cuales precisar actitudes de solidaridad crítica y de tolerancia activa que aunado a ampliar el repertorio comportamental también fortalecen los lazos de convivialidad, de confianza recíproca y de seguridad mutua como elementos que puestos en relación operativa pueden entenderse como el camino para edificar un mundo más vivible.
Este cúmulo de cometidos refiere a la necesidad de conocer en profundidad las bondades de la paz, proceso orientador de la convivialidad humana que favorece no solo la construcción del futuro sino el afrontamiento de los conflictos mediante la comprensión profunda del otro (Trifu, 2018); es decir, mediante la revisión crítica de las pertenencias como un modo de enriquecer las posibilidades de encuentro libres de distorsiones, de contradicciones y de posiciones actitudinales cerradas a la interacción que incluye, que reduce las fronteras de discriminación y configura oportunidades para la concreción de la justicia social.
Educación en ciudadanía global. Alternativa para un mundo posible
Aprender a vivir como parte de las competencias que permean los programas educativos globales implícitamente refiere a la disposición actitudinal para construir puentes de fraternidad en un mundo plural diverso ideológica y culturalmente. En estos términos, la voluntad para ejercer ciudadanía supone emprender el proyecto común de aceptar sin condicionamientos las particularidades que singularizan y configuran la individualidad conminando a la humanidad a asumir como parte de las responsabilidades con el futuro de la existencia, la conciencia planetaria desde la que es posible combatir tanto la exclusión como la intolerancia que amenaza la convivialidad funcional y en libertad.
En consecuencia, enseñar a convivir como parte de los propósitos de la educación en ciudadanía global, implica revitalizar el sentido de la interdependencia, de la comprensión de las cosmovisiones y de la posibilidad real de dialogar tanto con las pertenencias, como con la diversidad y los pluralismos; para ello, se considera imprescindible promover una vida fundada en la adquisición continua de competencias sociales y existenciales que den lugar a la superación mutua de las situaciones que ocasionan rupturas, distanciamientos sociales y, que además, recrudecen el resentimiento como factor de riesgo cuyo alcance destructivo conduce al trato vejatorio, intolerante y denigrante de la dignidad humana.
En razón de lo expuesto, la educación en ciudadanía global procura adherir tanto a la sociedad como al individuo al compromiso recíproco de reestructurar y resignificar sus propias pertenencias, precisando en estas rasgos identitarios y elementos culturales que directa o indirectamente definen relación con otras formas de vida, con cosmovisiones y otros modos de coexistencia, a los cuales acoger desde la solidaridad activa, a la que se asume como el valor universal desde el que es posible reducir las imposiciones y las resistencias.
En estos términos la educación en ciudadanía global estima la cultura de paz como el eje a través del cual operativizar la garantía de coexistir en armonía, estimando al otro como un par cuya condición de sujeto de derecho le hace portador de la cualidad para ser tratado con respeto, solidaridad crítica y tolerancia plena como valores universales desde los cuales es posible el abandono del camino de la exclusión que históricamente ha conducido al reforzamiento del resentimiento entre pertenecías, así como agudizando el desencuentro por ubicar en posición contrapuesta a grupos socioculturales de origen diferente.
Para el autor, el punto de partida para alcanzar una coexistencia digna inicia como la reducción de las barreras de exclusión, intolerancia e incomprensión entre los seres humanos, como factores socio-históricos que al ser transmitidos de generación en generación han distanciado las posibilidades de encuentro desde la aceptación mutua y respetuosa. Frente a este desafío, la educación en ciudadanía global procura, entre otros aspectos “tejer lazos de unión, disipar malentendidos, hacer entrar en razón a unos, moderar a otros, allanar, reconciliar…su vocación es ser enlace, puente, mediadora entre las diversas comunidades y diversas culturas” (Maalouf, 1999, p. 6).
En tal sentido, la consolidación del diálogo como el proceso mediador de una vida funcional, amplía la flexibilidad y la disposición para implicarse con efectividad en actividades de negociación que conduzcan a superar diferencias y, consecuentemente trascender a la mediación, asumiendo estas como estrategias que revitalicen el entendimiento recíproco. Lo dicho, deja ver a la educación en ciudadanía global como el medio conciliador y reconciliador de las diversas pertenencias que confluyen en los múltiples contextos en los que el ser humano participa y hace vida activa.
Estos cometidos como ejes de una vida funcionalmente operativa, refieren implícitamente a una posibilidad para redimensionar la riqueza social mediante la superposición del bien común, en el que la prevalencia los derechos fundamentales que hilvanan la vida colectiva apuntalen la coexistencia, el diálogo fraterno y el accionar cívico, en el que las manifestaciones plenas tanto de las cosmovisiones como de las pertenencias alcancen su visibilización y reconocimiento como parte del patrimonio universal de la humanidad (Savater, 2014). Esto como cometido de la educación en ciudadanía global supone formar políticamente al individuo para armonizar sus propias formas de vida con las existentes en otros contextos, proceso que supone asumir el interés general como una actitud racional que involucra la disposición para comprender la diversidad desde una postura flexible que albergue el compromiso con la defensa de los derechos y garantías que conducen a una vida común a todos y para todos.
Desde esta perspectiva, la educación en ciudadanía global involucra con especial énfasis la sensibilización humana, como propósito que opera en al menos dos direcciones ampliamente identificadas, a decir: consolidar procesos de adhesión, en los que el sujeto asumiéndose parte de un contexto universal, adopte actitudes de apertura, tolerancia y mediación que den lugar al encuentro y, como consecuencia, fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico para precisar los factores socio-históricos a los que se le adjudica no solo responsabilidad en la emergencia, permanencia y trascendencia de la hostilidad, xenofobia y exclusión, ocasionando la denominada crisis de convivencia universal.
Visto lo anterior, la educación en ciudadanía global como eje de un movimiento de transformación mundial emergente tiene su justificación en las dimensiones ética, moral, jurídica y política, en las cuales precisa la consolidación de la paz duradera que le permita a la humanidad lograr acuerdos en razón de los diferentes intereses que conviven en el planeta (Morín, 2015), y que demandan de quienes los ostentan el proceder civilizado que permita precisar el equilibrio inclusivo, en el que todos sin distinción alguna logre ver concretados sus proyectos de vida sin ninguna restricción.
¿Qué componentes debe transversalizar una política pública para lograr la convivencia humana en el futuro?
Lograr una convivialidad que dignifique la existencia humana en todos los lugares del planeta constituye un propósito complejo que conmina a la praxis de una moral inclusiva, como la fuente enriquecedora de las posibilidades para el diálogo justo en el que todas las pertenencias alcancen la actuación autónoma y el ejercicio pleno de las libertades individuales. Estos componentes como parte de un engranaje de principios rectores de la vida en sociedad global, alcanzan su concreción en el fortalecimiento de la vocación democrática que asistiéndole al sujeto en la construcción de interacciones con terceros le ayudan a transitar hacia la creación de un visión compartida que involucre como cometidos fundamentales: la insistente búsqueda de la paz, la preservación de las creencias y cosmovisiones como parte del patrimonio común de la humanidad y la configuración de un tronco integrador de acuerdos sobre la coexistencia dignificante (Ocejo y Hernández, 2016).
Lo planteado deja ver la necesidad de formar un sujeto adherido a la convicción ética de resguardar las particularidades y proteger tanto la diversidad como los pluralismos, aspectos ampliamente contemplados en los instrumentos de derecho internacional en los que se deja ver el derecho a manifestar los rasgos identitarios, culturales e ideológicos propios de cada pertenencia, por considerar que quienes los ostentan se estiman como sujetos de derecho a quienes el Estado y la sociedad deben asumir como tal, garantizándoles la libertad de pensamiento, de expresión y acción enmarcados en los parámetros tanto del respeto como de la igualdad ante la ley.
Operar en dirección a cumplir con estos cometidos globales requiere de esfuerzos institucionales encargados de acerca a quien se forma y, por ende, a la sociedad en general los mecanismos de gestión de las diferencias estimando con especial importancia la superposición de la voluntad para resolver los conflictos, las divergencias y las contradicciones en el plano del diálogo tanto simétrico como empático que ayude en la precisión de soluciones que eviten la emergencia de actuaciones destructivas del tejido social así como del pacifismo reivindicador del encuentro fraterno (Rey, 2021).
En tal sentido, alcanzar un estado de convivialidad plena y ausente de prejuicios sugiere la promoción de valores universales que refuercen el entendimiento y erradique el rechazo xenofóbico como resultado del cultivo de virtudes públicas, personales y colectivas que encausen las relaciones entre los seres humanos con pertenencias diversas hacia el compromiso pleno que redunde en primer lugar en el aprender a ser, como la dimensión que involucra el trabajo enfocado en promover el desarrollo de habilidades y competencias sociales que fortalezcan los lazos de fraternidad; y, en segundo lugar aprender a estar en el mundo, es decir, a operar desde la ampliación de mundo también considerada la apertura hacia una realidad que exige del sujeto que se forma el mantenerse informado, en un intento por manejar los referentes de una cultura universal que le ayude a visibilizar al otro, a comprenderlo como un par y a estimarlo como portador de una dignidad que conmina al resguardo, al acogimiento pleno y al reconocimiento como sujeto de derecho.
Lo referido constituye una invitación a la enseñanza de la convivialidad como un proceso en construcción permanente y a lo largo de la vida, que pretende dentro de sus cometidos transmitir conocimientos, actitudes y actuaciones que garanticen la construcción de un mundo común en el que los intereses individuales se supediten a propósitos colectivos que respondan al bien común; esto supone el establecimiento de vínculos de compatibilidad entre la dimensión personal y la social a través de la definición de proyecto de vida colectivo que conduzca a diferentes posibilidades de coexistencia, en las que el eje vertebrador gire en torno al imperativo categórico iguales pero diferentes, es decir, que todos sin excepción compartimos y gozamos tanto de los mismos derechos como de las garantías que permiten, entre otros aspectos la manifestación plena de las pertenencias, de las creencias e ideologías sin que ello implique el menoscabo de la integridad moral del otro.
En estos términos la educación en ciudadanía global plantea con especial énfasis la defensa de las particularidades socioculturales y de los rasgos que definen la identidad de cada sujeto, de cada agrupación en un intento por garantizar la actuación autónoma así como el resguardo de los elementos que giran en torno acervo socio-histórico, de tradiciones y prácticas que no solo constituyen el patrimonio de cada grupo social sino que además determinan el marco de referencia de una serie de singularidades que son consideradas determinantes de la trascendencia de su origen (Camps, 2000).
Para Cortina (2021), el rol del Estado como garante de la existencia en condiciones dignificantes para todos los seres humanos, requiere de acciones fundadas en la democratización de la convivencia como un modo de reducir las restricciones que históricamente han reducido las posibilidades de disfrute de una vida plena; a la cual es posible acceder mediante el desarrollo de convicciones éticas que conminen al goce tanto derechos individuales y colectivos como a la integración al repertorio actitudinal de actitudes responsables con la construcción de los fundamentos de la denominada comunidad global, en la que el eje tangencial gira en torno al ejercicio de la justicia social inclusiva.
En estos términos orientar la existencia hacia la consolidación del bienestar de la humanidad supone adherir al ciudadano en la formación a la praxis de la democracia como parte del modus vivendi, en el que la convivencia cívica se sustente en el diálogo simétrico entre sujetos con pertenencias generando de este modo la denominada revolución pacífica; ideal que por sus implicaciones potencian dos propósitos importantes para la trascendencia humana, a decir: la ampliación del repertorio actitudinal para actuar en respuesta a los requerimientos colectivos y, condicionar la construcción de redes de solidaridad crítica que incrementen el encuentro fraterno.
Este proceder requiere la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con el ejercicio de la vida fundada en principios democráticos que potencien el reconocimiento recíproco, la libertad de pensamiento y acción, así como el sentido de la responsabilidad del que depende significativamente el aprender a vivir juntos mediante el despliegue de actitudes positivas que aporten a la superación de la exclusión y, por consiguiente conminen a la coexistencia enmarcada en los parámetros de la visión planetaria que invita a reforzar la inclusión real mediante la participación del otro, del de origen diferente en los asuntos públicos.
Conclusiones
Enfrentar los desafíos de un sistema-mundo convulso, exige actuaciones institucionales capaces de integrar esfuerzos sociales asociados con la actuación cívica, a la que se comprende como el resultado del ajuste actitudinal que conmina a la humanidad tanto al resguardo de la integridad moral del otro como al reconocimiento de la dignificación personal; elementos que por sus implicaciones posibilitan el encuentro entre culturas de origen pluridiverso, cuyas pertenencias y cosmovisiones configuran parte del patrimonio común de la humanidad.
Proceder en esta dirección supone asumir como parte de los procesos educativos la promoción de actitudes ciudadanas, requerimiento que no solo refiere a una alternativa esperanzadora configurador de un mundo posible, sino como la manera de reconciliar a la sociedad global a través del encuentro fraterno, amistoso y pacífico, elementos que operativizados mediante actuaciones institucionales dan lugar a la convivencia dentro de los parámetros de la justicia social inclusiva.
En tal sentido, educar para el ejercicio pleno de la ciudadanía global demanda orientar la existencia hacia la praxis de derechos y obligaciones que insertados en los esquemas formativos conduzca a esfuerzos problematizadores sobre los aspectos comunes, los elementos que cohesionan y que pudieran justificar la construcción de lazos de unidad fundados en la semejanza pero, además, sobre los cuales desplegar acciones que amplíen las posibilidades para el encuentro significativo, para el resguardo de las libertades individuales y los derechos fundamentales que le asisten a cada sujeto hasta garantizar su auténtica dignificación.
Esta actitud de apertura refiere también a una cualidad resultado del desarrollo de la conciencia crítica, en función de la cual enfrentar las diferencias con disposición plena así como con el espíritu empático que procura una convivialidad dignificante, capaz de pensar en el otro y pensar al otro como un sujeto de derecho que merece ser tratado dentro de los parámetros de la justicia social inclusiva, que procura entre otros cometidos crear las condiciones necesarias para el desempeño autónomo e individual, el establecimiento de acuerdos sustentados en el bien común y en la solidaridad crítica y el ajuste actitudinal que superponga el respeto a todos por igual, procurando de este modo que las divergencias y los conflictos no se erijan como excusas para justificar la discriminación sino más bien como una posibilidad para consolidar procesos de negociación que conduzcan al diálogo fraterno así como a la confianza que cohesiona, que une las diferencias sin condicionamiento alguno.
Por ende, una política pública que procure la construcción de las bases de un futuro esperanzador para la humanidad requiere la conjugación de diversos aspectos que van desde la formación de un sujeto comprometido con la defensa de la condición humana hasta el respeto por la existencia digna y plena enmarcada en los parámetros jurídicos, es decir, en la praxis de derechos y deberes que involucren el goce de garantías que además de limitar el proceder irracional vulnerador de la integridad moral de individuos o grupos, también refuerce el proceder fundado en el reconocimiento recíproco.
Esto refiere a su vez a la promoción de pacifismo y el acuerdo como mecanismos aportados por la cultura de paz, a través de los cuales propiciar la gestión de las diferencias en el plano de negociación que además de permitir el establecimiento de pautas de funcionamiento social, también aporten a la reivindicación de la existencia funcional cuya consolidación es posible mediante la recuperación del tejido social, cometido al que la educación en ciudadanía global estima como el ideal que alcanza su concreción en la convivencia adherida a los valores universales como: la justicia, el bien común, la paz positiva, la solidaridad crítica y la libertad.
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