https://doi.org/10.29059/rdycsv.v5i2.173
Foros Escucha: fracaso -y olvido- de la justicia transicional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)
Foros Escucha: Failure -and forgetfulness- of transitional justice in the government of Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)
Tania Galaviz-Armenta
Correspondencia: tgalaviz@uaem.mx Fecha de recepción: 02 de enero de 2023/Fecha de aceptación: 08 de marzo de 2023/Fecha de publicación: 23 de junio de 2023
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Facultad de Estudios Sociales de Cuautla, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, Comunicación y Gestión Interculturales, C.P. 62209, Cuernavaca Morelos, México.
Resumen
El trabajo se enfoca en analizar los elementos que condujeron al fracaso de los Foros Escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional impulsados en el 2018 por el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y el efecto negativo que este fracaso tuvo en la posible implementación de un proceso de Justicia Transicional en México. En este sentido, se emplea la Teoría de los Sistemas Sociales de Niklas Luhmann que permite analizar la forma en que los derechos de las víctimas se vinculan al sistema de derecho y, sobre todo, a la justicia transicional, y con ello, comprender los límites de los Foros Escucha. Se ha realizado una revisión bibliográfica, documental y hemerográfica del desarrollo de los foros, así como de la definición y evolución a nivel internacional de la justicia transicional y de los derechos de las víctimas. En los principales resultados destaca la contradicción de las expectativas que tenían las organizaciones y colectivos de familiares, las del equipo que organizaba los foros y las del presidente electo a la influencia tendrían para definir una política de reconciliación mediante la justicia transicional.
Palabras clave: justicia transicional, víctimas, derechos humanos, sistemas sociales.
Abstract
The work focuses on analyzing the elements that led to the failure of the Foros Escucha to chart the path of pacification of the country and national reconciliation promoted in 2018 by the then president-elect, Andrés Manuel López Obrador. And the negative effect this failure had on the possible implementation of a transitional justice process in Mexico. To this end, Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems is used to analyze the way in which the rights of victims are linked to the system of law and, in particular, to transitional justice, and to understand the limits of the Foros Escucha. A bibliographical, documentary and hemerographic review has been carried out for the development of forums, as well as of the definition and evolution at the international level of transitional justice and the rights of victims. Among the main results highlights the contradiction of the expectations that family organizations and groups had, those of the team that organized the forums and those of the president-elect would have to define a policy of reconciliation through transitional justice.
Keywords: transitional justice, victims, human rights, social systems.
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Introducción
En la actualidad México atraviesa por una grave crisis de violaciones a Derechos Humanos (DDHH) que se refleja en cifras sobrecogedoras como las consideradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que señala que 109,526 personas se encuentran en calidad de desaparecidas y no localizadas en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 26 de diciembre de 2022 - es necesario mencionar que existe una considerable cifra negra producto de múltiples elementos que impiden la denuncia del delito, entre los que destacan la negativa de los funcionarios por iniciar una carpeta de investigación, la desconfianza hacia las autoridades, entre otros-. O las más de cuatro mil fosas clandestinas en el país, la existencia de al menos un centro de exterminio, o bien la casi total impunidad en la investigación de los casos. Esta situación requiere de la emergencia de un mecanismo con capacidad de atender de manera integral las necesidades de las personas vulneradas y de manera simultánea, fortalecer al sistema de derecho para evitar la repetición de estos hechos.
Por ello, la propuesta para realizar los Foros Escucha como un proceso de consulta que permitiera delinear los mecanismos para terminar con las violencias mediante la construcción de paz enfocada hacia la reconciliación nacional levantó muchas expectativas. Las cuales se diluyeron gradualmente debido a diferencias conceptuales y de procedimiento. Aunado a la falta de objetivos claros y la inexperiencia, terminaría por truncar la propuesta de implementar un proceso de Justicia Transicional (JT) en México.
En este trabajo se aborda el fracaso de los Foros Escucha implementados por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, y su impacto negativo en la implementación de un proceso de JT. Para ello, se han estructurado cuatro grandes apartados, el primero de ellos se compone del sustento teórico, conceptual y metodológico de la investigación. La segunda sección aborda la definición de graves violaciones a los DDHH, los derechos de las víctimas, la evolución de la JT y las experiencias de JT en México. El tercer apartado se enfoca en los Foros Escucha señalando su metodología, desarrollo y resultados. Por último, los apuntes conclusivos destacan los elementos que permiten afirmar el fracaso de la JT en el actual gobierno. Cabe mencionar que a lo largo del texto se privilegiará el uso del término personas vulneradas que permite dar cuenta tanto del hecho sufrido como de sus capacidades para afrontar dicha situación y desarrollar procesos resilientes. Lo anterior porque la categoría víctima da cuenta de un enfoque jurídico para definir la condición de una persona tras sufrir un delito y no permite considerar la complejidad personal, psicológica y situacional frente a este. En el caso del uso de dicho término será en el contexto de citas textuales o bien, de convencionalidades internacionales.
Planteamiento del problema
Sustento teórico conceptual
La justicia transicional es un campo de protección a los DDHH que se basa en el Derecho Internacional de los DDHH, el Derecho Internacional Penal, así como en distintos protocolos y convenciones regionales y nacionales en dicha materia. Lo cual genera un complejo entramado para su aplicación.
Por ello, el presente trabajo se apoya en la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann, que permite analizar las interacciones entre los sistemas de derecho nacionales, regionales e internacionales con la implementación de mecanismos de JT. El punto de partida es considerar que “los sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia con el entorno, y utilizan sus límites para regular dicha diferencia” (Luhmann, 1998, p.40). De esta forma, los sistemas de derecho de cada país retoman los elementos del sistema internacional que sean acordes a sus características y los adaptan a sus sociedades.
En el caso de las violaciones a los DDHH se ha creado un entramado convencional que delimita la acción de los Estados, como resultado de la tendencia para “ampliar los derechos humanos, tanto exigir el respeto universal, como ampliar sus contenidos” (Luhmann, 2013, p.98). En el caso de México, la Reforma Constitucional de 2001 en materia de DDHH fortaleció esta interacción entre lo nacional, regional e internacional. Además, estableció un parámetro para la operación de los sistemas de derecho y político, limitando su actuación para evitar la restricción de libertades o el trato desigual. Así, los DDHH se convierten en “un mecanismo de estabilización de los límites de los sistemas” (Luhmann, 2010, p.291) tanto a su interior como con su entorno conformado por países y organismos multilaterales.
Cuando las graves violaciones a DDHH se incrementan, provocan corrupción en el sistema político e impunidad debido a que el sistema de derecho se encuentra desbordado y en un proceso de desorden interno o entropía. Sin embargo, de la presión ejercida desde los entramados regionales e internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, emergen mecanismos que permiten atender dicha entropía. Entre ellos la JT que se caracteriza por impulsar un cambio social e institucional que contribuya a fortalecer al sistema de derecho y, pese a su carácter extraordinario, sus efectos fortalecen la estabilidad sistémica.
Diseño metodológico
Para realizar el presente trabajo se ha hecho una revisión bibliográfica y hemerográfica respecto a los fundamentos histórico-conceptuales de la JT, así como el marco legal internacional en el que se respalda este tipo de procesos. Para contextualizar y conocer la forma de atención a las víctimas en México se efectuó una sucinta exploración de los mecanismos de JT implementados en el país mediante una revisión de bibliografía, informes, documentos de creación así como artículos periodísticos enfocados en cada uno de estos. Lo cual permitió trazar una cronología base para la consulta de nuevas fuentes que posibilitaran un análisis suscinto de los mecanismos de JT en México. Asimismo, se realizó una recopilación de notas periodísticas tanto en versiones en línea de diarios y revistas, como en videos de las transmisiones del desarrollo de los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional para dar cuenta de sus objetivos, alcances y resultados.
Justicia transicional y Derechos Humanos
El presente apartado se enfocará en los principios e historia de la JT así como en los mecanismos en la materia implementados en México. Para ello, se ha estructurado en cuatro secciones. En la primera se abordará el concepto de violaciones graves a DDHH y los periodos en los que se han incrementado en México. La segunda sección abordará los derechos de las víctimas. La tercera parte presentará la evolución de la JT, y por último, se dará cuenta de las experiencias mexicanas.
Violaciones graves a DDHH
Los DDHH protegen a las personas de las acciones del Estado. Su sanción depende de las legislaciones locales, así como de la ratificación de instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el caso de México, la reforma de 2001 los elevó a rango constitucional al igual que a los protocolos en la materia. Además, el 5 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) – que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-. A la fecha, la Corte IDH ha dictado 14 sentencias condenatorias al Estado mexicano por diversas violaciones a los DDHH como desaparición forzada, tortura sexual, falta de debido proceso, entre otras.
Las violaciones graves a DDHH, se refieren a aquellas acciones que se caracterizan por ser masivas durante un período temporal específico y con un alto impacto social porque alteran a comunidades enteras. Además, son cometidas por personas funcionarias tanto en su planeación como ejecución. Entre ellas se encuentran la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura psicológica y física (incluye la violación sexual), así como las masacres.
En México, las violaciones graves a DDHH han sido constantes desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Para su estudio se consideran tres periodos históricos, el primero de ellos comprende los acontecimientos del dos de octubre de 1968 en Tlatelolco hasta el diez de junio de 1971 con el Halconazo. El segundo periodo abarca las décadas de los setentas y ochentas del siglo pasado. Y el tercero y actual, comenzó en el año 2006 con la implementación de la Estrategia de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Cada periodo presenta características específicas respecto al tipo de violaciones graves a DDHH, sin embargo, fue hasta el presente siglo cuando comenzaron a realizarse acciones para garantizar los derechos de las víctimas.
Derechos de las víctimas
En 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder en donde se establece el marco legal internacional tanto para la definición de las personas vulneradas -acto que se denomina reconocimiento de víctimas (Apartado A)- como de sus derechos basados en cuatro principios: derecho a la verdad, a la justicia, reparación del daño y la no repetición. Los cuatro se interrelacionan de tal manera que la falta de uno de ellos disminuye la dimensión integral de su aplicación y garantía. Otra característica, es que las personas vulneradas adquieren centralidad en el diseño de las estrategias y mecanismos para garantizar sus derechos. Es decir, a lo largo de los procesos deben ser escuchadas y atendidas sus propuestas.
El primero de ellos, el derecho a la verdad, implica que tanto las personas vulneradas como sus familiares deben conocer la realidad del hecho ocurrido, es decir, que se identifiquen las personas responsables, así como las causas y circunstancias que provocaron el abuso. Pero, también atañe a la sociedad porque también debe reconocerlos. Además de estar reconocido en diversos instrumentos internacionales, el derecho a la verdad es uno de los pilares de la JT con cuatro formas: la forense, la personal o testimonial, la dialogada -es decir, resultado de la intervención de las partes en el conflicto- y la restaurativa, vinculada a la reparación del daño. Uno de los mecanismos para promover este derecho son las Comisiones de la Verdad o la Memoria que, además de recibir testimonios y emitir recomendaciones para la reparación del daño, impulsan el cambio institucional.
Como un mecanismo de enlace entre los derechos a la verdad y a la justicia, se encuentran las comisiones de investigación que se enfocan en la recolección de pruebas periciales para atender casos específicos en juicios y procedimientos legales. El derecho a la justicia implica el acceso a procesos para atribuir responsabilidades y sanciones a las personas autoras de delitos, violaciones graves a DDHH y al derecho internacional. De acuerdo con la Declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas, los procesos de justicia deben orientarse en apoyar las necesidades de información, trato compasivo y con posibilidades de métodos alternativos para la solución de controversias (Apartado B).
La reparación integral del daño comprende aspectos físicos y psicológicos de las personas vulneradas. De acuerdo con la Ley General de Víctimas de México debe comprender:
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas, será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante (H. Congreso de la Unión, 2013, art. 1).
De esta manera, las medidas de reparación adquieren una complejidad que supera una dimensión monetaria, e implica atender necesidades físicas y emocionales de las personas vulneradas. En cuanto al derecho a la no repetición se orienta a modificar las instituciones de seguridad y justicia para evitar que los delitos y violaciones graves a los DDHH vuelvan a suceder. Este cambio compromete tanto al Estado como a la sociedad, y requieren un enfoque de género y respeto a las minorías étnicas, de la diversidad sexual y etarias.
Los derechos de las víctimas son el núcleo de la JT, la cual se define como “un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala” (López Ayllón, 2018, p.3). Es decir, es un mecanismo extraordinario que hace frente a situaciones excepcionales y difíciles de atender mediante la justicia ordinaria debido a la escala y gravedad de los daños.
Breve historia de la justicia transicional
La JT ha tenido un proceso de evolución que le permitió adquirir mayor integralidad en la atención a las personas vulneradas, mediante la implementación de distintos mecanismos de operación. De acuerdo con Teitel (2003) existen tres fases en la genealogía de la JT. La primera comienza al término de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los juicios de Núremberg (1945-1946) y de Tokio (1948) para juzgar los diferentes crímenes de guerra y abusos cometidos por dirigentes, funcionarios y colaboradores de Alemania y Japón. Durante esta primera fase se establecieron las bases del Derecho Penal Internacional (Teitel, 2003, p.74). Además, se aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los distintos acuerdos que constituyen el Derecho Internacional Humanitario.
La segunda fase coincide con el término de las dictaduras militares en América del Sur, de los conflictos armados en Centroamérica y el fin de la Guerra Fría. Es en este periodo en el que “se generaliza el término “transicional” al vincular los procesos judiciales con los cambios en los regímenes políticos hacia la democracia” (Paige, 2011, p.85). Durante esta fase, las Comisiones de la verdad adquieren centralidad porque mediante su operación “se fortaleció el derecho a la memoria como parte de la verdad y, posibilitaron ofrecer una perspectiva histórica” (Teitel, 2003, p.79) para conocer la complejidad de los procesos de abuso y violaciones graves a los DDHH.
En esta segunda fase, la Asamblea General de la ONU aprobó la integración de una comisión encargada de elaborar una propuesta de una Corte Penal Internacional para juzgar crímenes contra la paz. Si bien, sus trabajos fueron detenidos, se crearon tribunales penales especiales para sentenciar los genocidios ocurridos durante la guerra en Yugoslavia y Ruanda. La tercera -y actual- fase de la JT comenzó el 17 de julio de 1998 con la aprobación del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyas facultades le permiten juzar a quienes “hayan cometido crímenes de genocidio, guerra, agresión, y de lesa humanidad [como el apartheid, la esclavitud, entre otros]” (ONU, 2002, art.5). La CPI sólo puede juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2022, fecha en la que entró en vigor.
En el año 2016, tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), considerado como uno de los mecanismos de justicia transicional más completos a nivel internacional. Ello porque se basa en los cuatros derechos de las víctimas y, establece medidas de sanción de delitos que no sólo implican prisión, sino también, restaurativas con el objetivo de reinsertar al victimario en la sociedad mediante la implementación de proyectos comunitarios.
Experiencias de justicia transicional en México
En México, producto de la lucha de colectivos de familiares de personas vulneradas, y de defensa de los DDHH, casi al finalizar el siglo XX comenzaron a implementarse mecanismos orientados a garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad. Sin embargo, son medidas insuficientes debido a que se carece de una perspectiva integral al no garantizar los otros tres derechos.
En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el programa de Presuntos Desaparecidos (PREDES) con el objetivo de ubicar a las personas que no se conoce su paradero y que se presume que autoridades estuvieron involucradas en este hecho (CNDH, 2001, p.6). Diez años después de su creación, la CNDH realizó un balance de las actividades desarrolladas por el PREDES, el resultado se plasmó en su Recomendación 026/2001 que indicaba “la importancia de que el gobierno federal instruya al Procurador General de la República para que investigara y persiguiera los presuntos delitos mencionados en el texto” (p.46).
Como respuesta, en el año 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que investigaría los 275 casos de desaparición forzada vinculados a la Guerra Sucia (Treviño Rangel, 2014, p.36) mencionados en la Recomendación 026/100 de la CNDH. Sin embargo, tras un juicio de amparo promovido por sobrevivientes de los hechos ocurridos durante el movimiento estudiantil en Tlatelolco en 1968, la SCJN ordenó ampliar el mandato de la fiscalía especial para que también investigara dichos sucesos. Así, el trabajo se desbordó, lo cual aunado a los bloqueos políticos dificultó su operación. Cuatro años después de su creación, la FEMOSPP fue cerrada por el presidente Vicente Fox (2000-2006), sin resultados en cuanto a sentencias a las personas iniciadas en procesos judiciales, y sin la difusión pública de su informe dado que no fue reconocido por el presidente.
Un elemento que destacó en la Recomendación 026/100 de la CNDH y en el informe de la FEMOSPP -la versión oficial no fue hecha pública hasta el año 2019, sin embargo, una versión fue publicada en The National Security Archive de George Washington University- fue la alta incidencia de violaciones graves a DDHH en el estado de Guerrero, por ello en marzo de 2012, se creó la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD) con el objetivo de realizar las investigaciones pertinentes para cumplir con dicho derecho. Tras dos años de trabajos, en el 2014 se dio a conocer su informe final, el cual recupera testimonios sobre la desaparición de personas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Sus recomendaciones se agrupan en elementos para reforzar los cuatro derechos de las víctimas destacando la propuesta de crear un Museo de la Memoria Histórica, instituir el día del Detenido Desaparecido, entre otras (COMVERDAD, 2014, p.90). Sin embargo, fue hasta el año 2018 que se implementó el Plan Colectivo de Reparación Integral para las víctimas de la Guerra Sucia, mientras que el resto de las recomendaciones no han sido atendidas.
Tras el inicio del tercer ciclo de graves violaciones a DDHH en México, el número de personas desaparecidas, asesinadas, entre otros se elevó de manera considerable. En abril de 2011 se creó el Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que cuestionó la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón debido al empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, entre otros elementos. Tras distintas manifestaciones y protestas, el 23 de junio se reunieron con el presidente para establecer Mesas de Trabajo con el objetivo de rediseñar la estrategia de seguridad. Sin haber concluido los trabajos, el presidente anunció la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), con el objetivo de articular las acciones de distintas instancias para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de delitos, excluyendo las graves violaciones a DDHH.
De manera simultánea a su creación, los colectivos de personas vulneradas impulsaron la creación de la Ley de Víctimas, que fue aprobada en abril de 2012 tras varios meses de consulta a expertos internacionales. La Ley se caracteriza por el reconocimiento de los cuatro derechos, así como de la distinción entre víctimas directas (quienes sufrieron el daño) y las indirectas (familiares). Además, indicaba la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -Províctima fue transformada en la CEAV-, así como la obligación de establecer mecanismos similares en los estados. Así mismo, se estableció un Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y el Centro de Investigación y Estudios para la Verdad y la Memoria.
Debido al impulso de colectivos y asociaciones de la sociedad civil, en el 2014 se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) para investigar la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el movimiento magisterial ocurridos entre 2006 y 2007. En marzo de 2016, la comisión presentó su informe que incluía recomendaciones respecto a los derechos de las víctimas, en especial para que la reparación del daño fuese integral y no se limite a una indemnización económica (CVO, 2016, p.766).
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos por fuerzas policiales del estado de Guerrero, México. El caso tomó relevancia debido a la existencia de videos de los jóvenes sobrevivientes mediante los cuales realizaban la denuncia de los hechos, y por las marchas masivas en distintas ciudades del país para reclamar la aparición con vida de los estudiantes. Ante la presión de distintas organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales, el gobierno solicitó ayuda a la CIDH, por lo que se creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para recopilar información y colaborar con la búsqueda de los estudiantes. El gobierno rechazó los informes preparados por el grupo y no extendió su mandato, por lo que el grupo debió salir del país. Con el cambio de gobierno en el 2018, se solicitó a la CIDH el regreso del GIEI, además se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ). La cual el 26 de agosto de 2022 presentó un informe preliminar, sin embargo, a la fecha de elaboración del presente trabajo el caso no se ha resuelto.
En el año 2017 se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la cual es el resultado de la incidencia de las organizaciones de personas vulneradas. Dicha ley señala la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que coordina las acciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), las comisiones locales de búsqueda, el mecanismo extraordinario de identificación forense, los centros de identificación humana y el protocolo homologado de búsqueda. Sin embargo debido a los altos rezagos en la identificación forense, en el año 2019 los colectivos promovieron la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que comenzó sus actividades hasta el año 2022.
El 6 de octubre de 2021 fue creada la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, que se centra en tres de los cuatro derechos de las víctimas: verdad, justicia y reparación integral, es decir, no se enfoca en las garantías de no repetición.
De manera reciente, el 28 de abril de 2022 se creó el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) mandatado en la Ley General en materia de Desaparición Forzada. La diferencia entre el CNIH y el MEIF son los enfoques y alcances de operación. El primero creará una base de datos genética para realizar cruces de datos entre las muestras de familiares y de los restos localizados. Mientras que el MEIF se enfocará únicamente en el rezago en materia de identificación y restitución digna.
Este sucinto abordaje a las experiencias de mecanismos de JT en México permite mostrar que principalmente se han centrado en los derechos a la verdad y a la reparación del daño, y no en acciones fehacientes en cuanto a justicia y las garantías de no repetición. Por ello, surgió una amplia expectativa ante la propuesta del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador para consultar a las personas vulneradas sobre sus propuestas para encontrar salidas viables a las violencias en el país.
Foros Escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional
El ocho de mayo de 2018, en el marco de la campaña electoral presidencial, el MPJD y la CNDH organizaron el Diálogo por la Paz y la Justicia, al cual invitaron a quienes habían presentado su candidatura a la presidencia de México para que presentaran sus propuestas de Seguridad Pública ante colectivos de víctimas y familiares de violaciones graves a DDHH. Todas las propuestas presentadas coincidieron en la continuidad de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Sin embargo, López Obrador planteó elaborar un plan de atención a las personas vulneradas, que sería producto del trabajo en conjunto con éstas, organismos internacionales y organizaciones religiosas.
Tras su triunfo en la elección presidencial, López Obrador anunció el 22 de julio de 2018 la propuesta para realizar los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional, cuyos objetivos eran promover la participación de la ciudadanía en la elaboración de “alternativas viables para lograr romper con el ciclo de la violencia, construir la paz y un proceso de reconciliación nacional” (Coordinación General, 2018b).
El diseño de los Foros consideraba tres modalidades de acercamiento con la población. La primera de ellas, era el desarrollo de asambleas en distintas ciudades de México con espacios específicos para el diálogo con personas vulneradas y ciudadanía en general. La segunda modalidad se componía de coloquios temáticos con personas expertas en reclusión, con migrantes, indígenas, y comunidades en autonomía (Magisterio en Línea, 2018).
Metodología de los Foros Escucha
Es necesario señalar que existen dos documentos con la propuesta de los Foros. El primero de ellos titulado Primer Paso del Proceso de Paz: Apertura de foros de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional (2018) fue elaborado por la Dra. Loretta Ortiz Ahlf durante la campaña electoral. El segundo documento titulado Descripción del Proceso. Foros de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional (2018), fue elaborado por la Coordinación General de los Foros encabezada por Alfonso Durazo -quien posteriormente sería designado como Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana- y fue entregado a distintas organizaciones sociales dedicadas a la defensa y promoción de los DDHH. Las diferencias entre los textos radican en la precisión en los objetivos, metodologías y alcances del proceso de diálogo. El presente apartado se elaboró tomando en cuenta ambos documentos, así como notas de la prensa mexicana.
Como se mencionó previamente, se plantearon tres modalidades de participación, la primera de ellas, eran los Foros Regionales. Se programaron 18 encuentros en sendas ciudades, los cuales se desarrollarían del siete de agosto al 22 de octubre de 2018. De acuerdo con el documento Primer Paso del Proceso de Paz, las sedes se seleccionaron “desde la perspectiva simbólica y significativa del impacto a la población civil” (Ortiz Ahlf, 2018, p.5–6) de las distintas manifestaciones de las violencias. Por ello, inicialmente se proponían 27 sedes, sin embargo, la elección final de los espacios no fue clara, porque entidades con altos índices de homicidios dolosos como Colima, Sinaloa y Sonora no fueron programados (Carretto, 2018).
Los temas de diálogo se concentraban en tres grandes ejes: el primero de ellos comprendía la discusión en torno a delitos graves (desaparición forzada, feminicidio, tortura, homicidio, secuestro, desplazamiento forzado entre otros). El segundo eje temático se enfocaba en analizar los procesos de marginación y discriminación. El último eje temático sería para debatir las políticas públicas respecto a las armas, drogas y justicia. De acuerdo con el documento elaborado por la Coordinación general para el desarrollo de los foros, la discusión al interior se dividiría para generar espacios de diálogo exclusivos para las personas víctimas y otros para la población en general. En el primero de los casos, se planteó distribuir -además- en “trece subgrupos dependiendo los delitos por los cuales fueron victimizados” (Ortiz Ahlf, 2018, p.3). Para realizar estos diálogos se planteó una metodología basada en el reconocimiento de los derechos de las personas vulneradas. Sin embargo, se les solicitaría narrar el hecho victimizante, y desarrollar propuestas para la reconciliación nacional. Además de responder “un cuestionario compuesto de tres preguntas acerca de las violencias y los factores que las propician”(Ortiz Ahlf, 2018, p.8). Lo cual en conjunto, contribuiría a su revictimización, dado que los mecanismos de contención y trato digno para su participación no eran específicos.
En cuanto a los espacios para la ciudadanía en general, se proponía dividirlos de manera etaria, identidad sexual y étnica para dialogar sobre violencias y propuestas de reconciliación nacional. Asimismo, deberían responder un cuestionario, así como entregar por escrito sus propuestas (Ortiz Ahlf, 2018, p.9).
Además de los regionales, se planteó el desarrollo de Foros Temáticos con personas expertas, migrantes, en reclusión, indígenas y comunidades autónomas. En el primero de los casos, se planeaba realizar por invitación para debatir temas como las políticas de drogas, corrupción, pacificación, control de armas, violencia de género, entre otros (Coordinación General, 2018b, p.7–8). Se consideraba convocar a especialistas provenientes de organismos multilaterales como las distintas agencias de la ONU, del Sistema Interamericano de DDHH y organizaciones internacionales (Ortiz Ahlf, 2018, p.14–15). En el segundo de los casos, se propuso desarrollar diálogos en once centros de reclusión, así como en ocho estaciones migratorias y albergues para personas migrantes; dos comunidades indígenas y tres autónomas (Magisterio en Línea, 2018) Sin embargo, sólo los foros con personas expertas y con fuerzas de seguridad se efectuaron.
De acuerdo a los documentos de planeación de los Foros, la sistematización de los resultados y propuestas recibidos en las distintas modalidades de los foros sería considerado como “parte de los insumos para la elaboración de programas y planes de desarrollo” (Coordinación General, 2018b, p.8). Sin embargo, desde el anuncio de la propuesta de los foros, la polémica fue una constante, por la falta de información -o las contradicciones-, la mala organización, y principalmente por las declaraciones vertidas tanto por quienes asistieron a los foros, las personas vulneradas y, el entonces presidente electo de México.
Desarrollo de los Foros Escucha
El anuncio de la propuesta tuvo una recepción dispar, ya que algunos sectores fueron optimistas con el planteamiento; mientras que los colectivos de buscadoras, víctimas y defensoras de DDHH, fueron suspicaces con ésta. Por ese motivo, solicitaron reunirse con la Dra. Ortiz Ahlf para que fueran aclaradas sus dudas. En dichos encuentros se cuestionó la falta de mecanismos para la contención y atención psicológica, la ausencia de coordinación con las organizaciones sobre todo para recuperar los trabajos y diagnósticos realizados por estas, así como la poca claridad en la selección de las dependencias gubernamentales que serían responsables de la agenda de paz, entre otros temas (Turati, 2018). Sin embargo, las dudas no fueron resueltas y la desconfianza ante el proceso se incrementó.
El siete de agosto de 2018 se realizó el primer Foro Escucha en Ciudad Juárez, Chihuahua. El acto fue tenso debido a los reclamos de las personas vulneradas por la falta de atención a sus casos y al incremento de la inseguridad en dicha ciudad. Uno de los momento con mayor rispidez fue durante el discurso de López Obrador, en especial cuando -transcurridos los primeros cinco minutos de este- llamó a la unidad y a la reconciliación: “y, [a] estar dispuestos a perdonar, yo lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón, yo respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido, digo olvido no, perdón sí” (UACJ-TV, 2018 [video]).
Como lo señaló en su discurso, la idea del perdón no era nueva, ya que durante la campaña presidencial la había introducido en sus discursos y declaraciones, por ejemplo, en el séptimo aniversario del MPJD publicó un tweet de felicitación señalando “Nosotros hablamos de perdón, pero jamás de impunidad ni de olvido. Pronto tocará a víctimas sobrevivientes y a deudos indicarnos la ruta para la reconciliación.” (Andrés Manuel [@lopezobrador_], 2018). Sin embargo, el conflicto escaló por la diferencia entre los significados que López Obrador y los colectivos de familiares daban a dicho concepto.
Los desencuentros entre asistentes y la organización de los Foros continuaron en las distintas sedes en donde estos se desarrollaron. Una de las críticas constantes era la revictimización de quienes asistían. Diversas organizaciones hicieron declaraciones al respecto, en especial, el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos realizó un llamado “a evitar la de [sic] revictimización durante cualquier espacio de diálogo con las víctimas, y a implementar metodologías que favorezcan la escucha respetuosa, y garanticen la seguridad de las víctimas” (Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, 2018, p.5). Ya que en muchas de las ocasiones durante el desarrollo de los foros, las personas vulneradas convivieron con quienes se presumía integraban la delincuencia o habían cometido actos de victimización; o bien con quienes desde el gobierno no atendieron sus casos o impulsaron investigación alguna.
Conclusión de los Foros
Debido a las constantes protestas, algunos de los Foros fueron modificados para realizarse sin audiencia. Hasta que el siete de octubre se anunció su cancelación. El 24 del mismo mes en un acto público se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el proceso. El documento Aportaciones de los foros escucha para construir la agenda de políticas de Estado para la construcción de la paz entre todos (2018) contiene los diagnósticos y propuestas vertidos durante el desarrollo de los 20 foros [entre los que destacan los realizados en Cd. Juárez, La Laguna, Morelia, Acapulco, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, Phoenix, Nezahualcóyotl, entre otros] en ciudades y tres grupos temáticos [uno de ellos realizado con policías y otro con organizaciones de la sociedad civil] (Coordinación General, 2018a, p.25). Los planteamientos se agruparon en dos grandes ejes; el primero de ellos, se compone de acciones emblemáticas y estratégicas para impulsar políticas para resolver problemas de seguridad, justicia, y protección a los DDHH. El segundo eje, lo integran propuestas específicas para ser desarrolladas por distintas dependencias como la Secretaría de Cultura o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En ambos ejes, se consideraba la atención a grupos vulnerables como las mujeres, población LGBT+, indígenas, afrodescendientes, entre otros. Uno de los elementos que destaca en dicho documento es la reflexión acerca del conflicto que suscitó el concepto del perdón, elemento que se retomará en el siguiente apartado del presente trabajo.
Durante dicho evento, López Obrador asumió diversos compromisos para desarrollar durante su mandato. Entre ellos destacaban las propuestas para no emplear el uso de la fuerza, modificar las políticas económicas y sociales con el objetivo de atender las causas que originan las violencias, respeto a los DDHH, atención a las personas vulneradas -sin mayor explicación de cuáles serían los mecanismos para ello-; búsqueda de la verdad y justicia en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, entre otros. Los compromisos asumidos por el entonces presidente electo, eludían propuestas esenciales para garantizar los derechos de las víctimas, como la creación de distintos mecanismos de Justicia Transicional como una Fiscalía Especial para la paz, una Comisión de la Verdad así como un Tribunal para la paz, mencionados por la Dra. Ortiz coordinadora inicial de los Foros (Agencia EFE, 2018).
Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia
De manera simultánea al desarrollo de los foros, el MPJD, la CNDH y la Universidad Iberoamericana realizaron el 14 de septiembre del mismo año, el Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia para dar seguimiento al efectuado el ocho de mayo. El objetivo del nuevo encuentro era “sentar las bases para construir, entre gobierno, víctimas, sociedad civil organizada y academia, la política de Estado en materia de Justicia Transicional” (Gordillo García, 2018). Este diálogo se diferenció de los foros por la metodología, los temas tratados y los mecanismos de participación. Ya que su punto de partida fue el posicionamiento de López Obrador acerca de la Seguridad, política de drogas, la creación de una comisión de la verdad entre otros temas abordados durante el primer diálogo. Ello orientado a “sentar las bases de un proceso de Justicia Transicional, un cambio profundo en el gobierno y un diálogo constante que posibilitara la paz y la reconciliación nacional” (MPJD, 2018).
Otra diferencia, fue el enfoque institucional para la búsqueda de interlocutores, es decir, se invitó a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas Rodríguez, quienes posteriormente ocuparían los cargos como Secretaría de Gobernación y Subsecretario de Derechos Humanos, respectivamente. Ello, porque dichas instancias son responsables del mecanismo de protección a periodistas y defensores de DDHH, así como a la atención y vinculación con organizaciones de la sociedad civil enfocadas en los DDHH, entre otras actividades.
A diferencia de los foros, en el diálogo se permitió el uso de la palabra a personas vulneradas en búsqueda de sus familiares para que compartieran tanto sus casos como su posición respecto a la justicia, la verdad, reparación integral y JT. Durante sus intervenciones el resto de los asistentes escucharon en silencio. Caso contrario a lo sucedido con dichas participaciones, en el discurso de López Obrador iniciaron los gritos y protestas que se enfocaron en el perdón, reconciliación y las demandas de acciones concretas en la búsqueda de personas. El discurso del entonces presidente electo se centró en enunciar las propuestas para atender las causas de la violencia, la corrupción y la impunidad. Si bien reconoció el dolor de las personas víctimas, señaló sus diferencias respecto al concepto del perdón y su coincidencia acerca de no olvidar “yo, yo sí perdono, yo en esto puedo diferir con algunos, además ya saben que yo siempre digo lo que pienso y les digo: olvido no, perdón sí. Ése es mi planteamiento, respeto a los que dicen ni perdón ni olvido, los entiendo y los comprendo, yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo” (CNDH, 2018, [video]).
Asimismo, se les entregaron cinco propuestas para ser desarrolladas en sendas mesas de trabajo, con el objetivo de crear una Comisión de la Verdad, un modelo de reparación, así como mecanismos contra la impunidad, de protección a víctimas y, para la participación de éstas en el proceso de su implementación (IMSHD, 2018). Para ello, López Obrador designó a Alejandro Encinas responsable del desarrollo de las “mesas de trabajo, [y del diseño de un] modelo de justicia transicional,y rediseñar el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas” (Arteta, 2019). Los cuales se planteaba realizar de manera paralela a los Foros Escucha, sin embargo, sus resultados no fueron incluidos en ninguna propuesta de gobierno pese a que quedaron sistematizados en la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos.
Tanto el desarrollo de los Foros Escucha como los Diálogos por la paz tuvieron un doble efecto, por un lado enfrentaron al entonces presidente electo con la realidad de las personas vulneradas, es decir, su dolor, hartazgo ante la inactividad gubernamental y sobre todo, su capacidad para realizar propuestas concretas apegadas al sistema de derecho internacional. El segundo efecto fue alejarlo del apoyo incondicional recibido a lo largo de la campaña presidencial y, presenciar el rechazo a su demanda de perdón.
¿Fracaso y olvido de la justicia transicional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)? Análisis del desarrollo de los Foros Escucha.
Como se mencionó en la sección teórico-conceptual del presente trabajo, los sistemas de derecho de cada país retoman elementos del sistema internacional que sean acordes a sus características y los adaptan a sus sociedades. Por ejemplo, en el caso mexicano con la reforma del 2011, se elevaron a rango constitucional dicho entramado para favorecer la aplicación de la justicia. Ello permite ampliar los elementos y referencias para resarcir los derechos de las personas vulneradas con un enfoque integral. En especial en aquéllos delitos considerados como graves violaciones a los DDHH como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, entre otros.
Los últimos 70 años de la historia de México se han generalizado las violaciones graves a DDHH. Estos delitos han sido documentados por organizaciones de la sociedad civil, así como por los colectivos de familiares de personas vulneradas. Por ello, pese a la falta de reconocimiento oficial de estos hechos, la exigencia de justicia y reparación del daño ha impulsado la creación de mecanismos para sentar las bases de un cambio institucional que impida que las graves violaciones a DDHH siguen sin ser reconocidas y juzgadas. Como parte del entramado legal nacional – con un fuerte componente internacional- el Estado Mexicano aprobó el Modelo Integral de atención a víctimas que parte del reconocimiento (y adopción) de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 aprobada por la Asamblea General de la ONU, relativa a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder. Que en específico, señala los cuatro derechos fundamentales de las víctimas: justicia, verdad, reparación del daño y garantías de no repetición. Los cuales, además de ser integrales, señalan la expresa participación de las personas vulneradas como actoras de paz y no sólo, como beneficiarias. Asimismo, constituyen la base normativa de la justicia transicional que se caracteriza por poner a las víctimas en el centro. Es decir, sus necesidades y sus derechos se priorizan por encima de acuerdos políticos encaminados a supuestas reconciliaciones nacionales.
En México, los colectivos de familiares de personas vulneradas han desarrollado una labor incansable en búsqueda de verdad y justicia. Mediante el apoyo de organizaciones defensoras de DDHH, así como al tejer una red de colaboración, adquieren herramientas, habilidades y experiencias que les han permitido no sólo demandar a los distintos órdenes de gobierno actuación pronta. Sino también, hacer propuestas de legislación e institucionalización que permitan acceder y garantizar los cuatro derechos de las víctimas. Es por ello, que sus expectativas respecto al comportamiento de las personas funcionarias son específicas y enmarcadas en las normativas, más que en promesas o buenas intenciones.
Por ello, se considera que los Foros Escucha fueron un fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Principalmente por la contradicción de las expectativas que tenían las organizaciones y colectivos de familiares, las del equipo que organizaba los foros y las del presidente electo respecto a los alcances que los foros tendrían para definir una política de reconciliación mediante la JT.
Ello porque para los colectivos de familiares de personas vulneradas el principio rector debían ser los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición) garantizados mediante mecanismos de JT. Punto en el que inicialmente coincidía la coordinación general de los foros, pero que conforme se incrementaron los conflictos y protestas en cada una de las sedes, se vieron rebasados por la realidad y su falta de experiencia para abordar el tema. Y de manera desafortunada, no coincidía con la visión del presidente, quien demandaba a las personas vulneradas que perdonaran sin acceder a ninguno de sus derechos, es decir, sacrificarse en nombre de la reconciliación nacional.
La propia Coordinación General reconoció que
El proceso adoleció de sus limitaciones, entre las cuales se pueden señalar una comunicación incompleta a la sociedad, lo que provocó entendimientos encontrados sobre el proceso y sus posibilidades, la suspensión de los cuatro últimos foros regionales, la imposibilidad temporal de realizar una consulta con los pueblos indígenas, la difusión de las partes mediáticas de los Foros frente a la invisibilidad de las mesas en las que se aportó con ahínco, por parte de miles de personas y finalmente la persistente pero falsa impresión de que los foros son para legitimar posiciones ya tomadas (Coordinación General, 2018a, p.7–8)
Otro de los puntos cuestionados fueron el cambio de responsables de los Foros, como ya se mencionó la propuesta inicial la desarrolló y coordinó la Dra. Loretta Ortiz, pero fue Alfonso Durazo (considerado para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública) quien fue designado como responsable del desarrollo de los foros. Sin embargo, como resultado del Segundo Diálogo con el MPJD, la tarea de mantener el vínculo con las personas vulnerables recayó en Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero. De esta manera, en poco menos de un mes el futuro gobierno cambió a sus interlocutores mostrándose inexperto ante la complejidad de la situación.
La falta de claridad respecto a la forma en como los resultados de los foros se traducirían en políticas públicas impactó de manera negativa en su desarrollo. Por ello, no extraña que la propuesta del MPJD producto de la sistematización de las expectativas de diversos colectivos de familiares de personas vulneradas, así como la perspectiva de personas expertas, con metas y objetivos específicos para impulsar un proceso de JT en el país, fuese rápidamente aceptada por el López Obrador. Ello no implicó que se tradujera en acciones concretas, por el contrario, las propuestas de los colectivos de las personas vulneradas como el fortalecimiento a las instituciones civiles fue ignorada con la propuesta de creación de la Guardia Nacional. O bien, la disminución de presupuestos a las áreas responsables de la atención a personas vulneradas y la búsqueda de desaparecidos.
Frente a este panorama, se puede afirmar que en México cualquier mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas han sido producto de la lucha incansable de los colectivos de familiares y de organizaciones de la sociedad civil.
Apuntes conclusivos.
Durante los tres meses en los que se realizaron los Foros Escucha la polémica desatada por las declaraciones del presidente electo, la falta de organización y el distanciamiento con las organizaciones de víctimas, marcaron el comienzo de un lento proceso de desmantelamiento de una propuesta de construcción de paz territorial y Justicia Transicional para dar paso a una política de seguridad nacional basada en la militarización del país.
A cuatro años del abrupto final de los Foros Escucha, las propuestas de las organizaciones de personas vulneradas y de los expertos en la defensa de DDHH, poco fueron atendidas. Ya que no se creó un mecanismo de justicia transicional que permitiera garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y sobre todo, el derecho a la no repetición. Este último se enfoca en eliminar las causas estructurales que dieron origen a la violación grave a los DDHH, lo que implica la creación de nuevas leyes o bien al ampliar los parámetros de entendimiento de las ya existentes a favor de las personas vulneradas.
Por el contrario, los desacuerdos han continuado a lo largo del actual gobierno
por mencionar algunos ejemplos: el intercambio de reclamos entre López Obrador
y los voceros de la “Caminata por la paz, la justicia y la verdad” desarrollada
durante el mes de enero de 2020. Dicha movilización demandaba un cambio en la
estrategia de seguridad y un diálogo directo con el presidente. Sin embargo, no
fueron recibidos para evitar alguna confrontación, es decir, que se repitieran
las protestas que se presentaron en los Foros Escucha.
Asimismo, distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas han realizado diversas manifestaciones demandando una clara política de gobierno para atender este tipo de grave violación a los DD.HH. Entre estas destacan la creación de una leyenda monumental “+90.000 ¿dónde están?” elaborada con la ropa de personas desaparecidas, la cual fue desplegada el 30 de agosto de 2021 frente a Palacio Nacional. Meses después, el 13 de diciembre recrearon fosas clandestinas también frente a palacio nacional. O bien, el 16 de septiembre de 2022 colectivos de familiares de personas desaparecidas escalaron la Estela de Luz ubicada en la Ciudad de México para desplegar una manta monumental -de 100 metros de largo- para protestar en contra de la militarización.
Las actividades de los colectivos de familiares de personas desaparecidas no se limitan a la protesta, también desarrollan acciones de búsqueda en campo (de ahí surge el nombre de buscadoras), sensibilización con autoridades y personas en centros de reclusión, así como labores de construcción de paz con infancias. Asimismo,su formación continua en técnicas de antropología forense y derechos humanos les permite realizar más y mejores propuestas de legislación en la materia. Todo ello, da cuenta de su capacidad de incidencia en la institucionalización. La cual supera con creces a las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes en su gran mayoría se han convertido en un obstáculo para la paz en México.
Referencias
López, A. [@lopezobrador_] (2018, 25 de marzo). Saludo al MPJD en su séptimo aniversario. Nosotros hablamos de perdón, pero jamás de impunidad ni de olvido. [tuit] https://twitter.com/lopezobrador_/status/977986473650683904?s=20
Arteta, I. (2019, 8 de enero). El Gobierno de AMLO pospone Justicia Transicional y atención a víctimas, denuncian activistas. Animal Político.https://www.animalpolitico.com/2019/01/amlo-justicia-transicional-victimas/
Carretto, B. (2018, 6 de agosto). Estados top quedan fuera de los foros de pacificación. Expansión. https://politica.expansion.mx/mexico/2018/08/06/estados-top-en-violencia-quedan-fuera-de-los-foros-de-pacificacion.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2001). Recomendación 026/2001. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/REC_2021_026.pdf
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018, 14 de septiembre). Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia. [video] YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3UntSyNtb8Q
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. (2014). Informe Final de Actividades. https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/InformeFinalCOMVERDAD.pdf
Coordinación General. (2018a). Aportaciones de los Foros Escucha para construir la agenda de políticas de Estado para la construcción de la paz entre todos. https://issuu.com/pajaropolitico/docs/aportaciones_de_los_foros_escucha
Coordinación General. (2018b). Descripción del proceso. Foros de consulta para trazar la ruta hacia el pacto de reconciliación nacional. https://docplayer.es/96775524-Descripcion-del-proceso-primer-paso-del-proceso-de-paz-foros-de-consulta-para-trazar-la-ruta-hacia-el-pacto-de-reconciliacion-nacional.html
Comisión de la Verdad de Oaxaca. (2016). ¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca. Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los Derechos Humanos al pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007. http://www.cencos22oaxaca.org/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-FINAL-CVO-Parte-1-de-2.pdf
Agencia EFE. (2018, 4 de octubre). El Equipo de AMLO anuncia la creación de una Fiscalía Especial y un Tribunal para la paz. SinEmbargo.Mx https://www.sinembargo.mx/04-10-2018/3480505
Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos. (2018, 5 de septiembre). Pronunciamiento del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos sobre los Foros de Escucha para la pacificación nacional. https://fundar.org.mx/14310/
Gordillo García, J. (2018, 12 de septiembre). Hacia el ‘Diálogo Por La Verdad, La Justicia y la Paz.’ Movimientos e Instituciones. https://movin.laoms.org/2018/09/12/dialogo-verdad-justicia-paz/
H. Congreso de la Unión. (2013, 9 de enero). Ley General de Víctimas. Última reforma publicada DOF 28-04-2022
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (2018, s/f). Comunicado de Prensa. https://imdhd.org/wp-content/uploads/2019/01/Comunicado-de-prensa-1-3.pdf
López Ayllón, S. (2018). Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en México. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/Estudio_Justicia_Transicional_Mexico.pdf
Luhmann, N. (1998). Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. Anthropos, Universidad Iberoamericana, Alianza Editorial, Universidad Javeriana.
Luhmann, N. (2010). Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la Sociología Política. Tlaquepaque.
Luhmann, N. (2013). La paradoja de los Derechos Humanos: tres escritos sobre política, derecho y Derechos Humanos. Universidad Externado de Colombia.
Magisterio en Línea. (2018 s/f). Anuncia Andrés Manuel López Obrador propuesta para Realizar: ‘Foros Escucha Para Trazar La Ruta de Pacificación Del País y La Reconciliación Nacional. https://www.magisterioenlinea.com/vernoticias.php?artids=2431&categoria=1 (Consultado el 07 de septiembre de 2022).
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. (2018, 8 de septiembre). Segundo Diálogo por la verdad, la justicia y la paz. https://mpjd.mx/comunicados/segundo-dialogo-por-la-verdad-la-justicia-y-la-paz/
Organización de las Naciones Unidas. (1985, 29 de noviembre). Resolución 40/34 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse
Organización de las Naciones Unidas. (2002, 1 de julio). A/CONF.183/9 Estuto de Roma de la Corte Penal Internacional. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
Ortiz Ahlf, L. (2018 s/f). Primer paso del proceso de paz: Apertura de Foros de Consulta para trazar la ruta hacia el pacto de reconciliación nacional. https://docplayer.es/96775524-Descripcion-del-proceso-primer-paso-del-proceso-de-paz-foros-de-consulta-para-trazar-la-ruta-hacia-el-pacto-de-reconciliacion-nacional.html
Paige, A. (2011). “Cómo las ‘transiciones’ reconfiguraron los Derechos Humanos: una historia conceptual de la Justicia Transicional.” en F. Reátegui. Justicia Transicional: manual para América Latina, Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia, Centro Internacional para la Justicia Transicional. pp. 73–134
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral (Consultado el 02 de enero de 2023).
Teitel, R. (2003). Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal 16, Spring:69–94.
Treviño Rangel, J. (2014). Gobernando el pasado: el proceso de justicia transicional en México, 2001-2006.Foro Internacional LIV(1):31–75.
Turati, M. (2018, 6 de agosto). Escepticismo ante las consultas por la paz. Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2018/8/6/escepticismo-ante-las-consultas-por-la-paz-209937.html
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez -TV (2018, 7 de agosto). Foro Escucha Ciudad Juárez, para la pacificación nacional. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aSzT1FmY688